Miles de manifestantes heridos durante las recientes protestas en Irán habrían sido retirados de hospitales y detenidos por las fuerzas de seguridad, afirmó la relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato. De acuerdo con la experta, esta práctica representa una grave vulneración del derecho a la atención médica, protegido por el derecho internacional.
Sato, también docente en la Universidad Birkbeck de Londres, dijo haber recibido múltiples reportes sobre la extracción forzosa de pacientes en hospitales de distintas provincias. Familiares que acudieron al día siguiente no encontraron a sus parientes y, además, denunciaron que se les exigió entre 5.000 y 7.000 dólares para recuperar los cadáveres, una suma que supone una carga económica importante en el contexto actual del país.
La organización de derechos humanos HRANA, con base en Estados Unidos, calcula en 5.937 el número de fallecidos relacionados con las protestas, cifra que incluye a 214 miembros de las fuerzas de seguridad. Las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 muertos. Sato y Reuters indicaron que no han podido verificar de forma independiente esos datos, aunque la relatora considera que las víctimas mortales exceden ampliamente las cifras oficiales.
Personal sanitario entrevistado de forma anónima por Reuters confirmó que agentes de seguridad han irrumpido en hospitales, extraído a pacientes y revisado registros médicos en busca de manifestantes heridos para detenerlos. Un médico de Rasht relató que, tras operar a decenas por heridas de bala, la Guardia Revolucionaria se los llevó y se desconoce su paradero. En hospitales de Teherán, una enfermera y dos médicos dijeron que guardias y policías registraron habitaciones en busca de heridos por las protestas.
Estas acciones han disuadido a muchas personas de buscar atención médica por miedo a ser arrestadas, lo que incrementa el riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que estas medidas vulneran el principio de neutralidad médica consagrado en los Convenios de Ginebra, que protege a médicos, hospitales y pacientes para garantizar una atención imparcial.
Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad habrían disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y haciendo un uso letal y, en su opinión, indiscriminado de la fuerza. El derecho internacional permite el uso de la fuerza letal solo como último recurso y de forma proporcionada. Sato señaló que esos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias” y advirtió sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones durante las protestas.
La relatora también condenó las exigencias de pago para la entrega de cadáveres, que agravan el sufrimiento de las familias al mezclar el dolor con la extorsión. Sato afirmó que al calificar a los manifestantes de “terroristas” o “alborotadores” las autoridades buscan justificar la represión de lo que, según ella, fue un movimiento local y espontáneo.
Irán difunde confesiones forzadas para disuadir la disidencia
Un grupo de derechos humanos denunció que la televisión estatal iraní ha transmitido al menos 240 confesiones forzadas en las que los detenidos admiten delitos que van desde violencia contra agentes del orden hasta colaboración con opositores o poderes extranjeros, e incluso el simple vínculo con cuentas críticas en redes sociales.
Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado esos materiales de propaganda y denuncian que muchas confesiones habrían sido obtenidas bajo tortura física y psicológica. Hay informes de detenidos obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir conductas que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de protesta.
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha participado en algunos interrogatorios televisados. Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Estados Unidos, afirmó que esas confesiones cumplen funciones políticas: construir legitimidad, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desalentar la disidencia, además de humillar y desacreditar a los opositores.
Las protestas, que comenzaron por motivos económicos, derivaron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente después del 8 de enero, cuando las autoridades impusieron un corte del servicio de internet. HRANA reportó miles de muertos, más de 41.000 detenciones y 240 confesiones forzadas durante la operación contra las manifestaciones.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) calificó la escala de confesiones forzadas como sin precedentes y advirtió que esas declaraciones suelen ser la única prueba empleada para condenar, incluso en casos donde se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que, al exhibir a disidentes confesando supuesta “colusión con potencias extranjeras”, el Estado busca legitimar la represión apelando a la seguridad nacional y utiliza las confesiones televisadas como prueba para justificar castigos severos.
(Con información de Reuters y AFP)
