Miles de manifestantes heridos en las recientes protestas en Irán habrían sido sacados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, denunció la relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato. Según la experta, esa práctica supondría una violación grave del derecho a la atención médica protegido por el derecho internacional.
Sato, también profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, dijo haber recibido múltiples informes sobre retiradas forzosas de pacientes en hospitales de varias provincias. Explicó a Reuters que familiares que fueron a los centros médicos al día siguiente de los hechos no encontraron a sus seres queridos. Además, señaló que a las familias les exigen entre 5.000 y 7.000 dólares para entregar los cuerpos de fallecidos, una carga económica importante en el contexto actual del país.
La organización de derechos humanos HRANA, con base en Estados Unidos, estima en 5.937 las muertes relacionadas con las protestas, incluyendo 214 miembros de las fuerzas de seguridad; las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Ni Sato ni Reuters pudieron verificar de forma independiente esas cifras, aunque la relatora considera que el número de víctimas mortales excede ampliamente la cifra oficial.
Personal sanitario en Irán, entrevistado por Reuters bajo condición de anonimato, confirmó que las fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales, retirado pacientes y buscado registros para detener a manifestantes heridos. Un médico de la ciudad de Rasht relató que, después de operar a decenas de heridos por bala, la Guardia Revolucionaria se los llevó y se desconoce su paradero. Una enfermera y dos médicos en hospitales de Teherán dijeron que agentes de la Guardia y la policía revisaron habitaciones buscando a heridos por las protestas.
Estas intervenciones han disuadido a la población de acudir por atención médica por miedo a ser arrestada, lo que pone en riesgo la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que esas acciones vulneran el principio de neutralidad médica recogido en los Convenios de Ginebra, que protege a médicos, hospitales y pacientes para garantizar una atención imparcial.
Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad han disparado contra manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y empleando fuerza letal de manera indiscriminada. El derecho internacional solo autoriza el uso de fuerza letal como último recurso y de forma proporcional. Sato afirmó que esos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias” y alertó sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas recientes.
La relatora también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, al mezclar el duelo con la extorsión. Señaló asimismo que la tentativa de las autoridades de etiquetar a los manifestantes como “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de un movimiento que describió como local y espontáneo.
Irán difunde “confesiones” forzadas para disuadir la disidencia
Al menos 240 confesiones forzadas se han emitido recientemente por la televisión estatal iraní, según denunció un grupo de derechos humanos. En esos videos los detenidos aparecen confesando delitos que van desde violencia contra fuerzas de seguridad hasta colaboración con opositores o potencias extranjeras, e incluso por interactuar con cuentas críticas en redes sociales.
Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado las grabaciones de “videos de propaganda” y denunciaron que las confesiones podrían haberse obtenido mediante tortura física y psicológica. Se ha informado que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de disenso.
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha participado personalmente en algunas de estas interrogaciones televisadas. Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Estados Unidos, afirmó que estas confesiones cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos al servicio de intereses extranjeros y desalentar la disidencia. Boroumand indicó que esas prácticas buscan humillar y desacreditar a los opositores y recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.
Las protestas, que comenzaron por motivos económicos, se transformaron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente desde el 8 de enero, cuando las autoridades impusieron un apagón de internet. Según HRANA, miles de personas murieron durante la represión, que también dejó más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas en el marco del operativo.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) calificó la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes, y señaló que esas declaraciones suelen ser la única prueba utilizada para condenar, incluso en casos donde se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que al mostrar a disidentes confesando supuesta “colusión con potencias extranjeras”, el Estado legitima la represión en nombre de la seguridad nacional y emplea la confesión televisada como prueba para justificar sanciones severas.
(Con información de Reuters y AFP)
