Una coalición de gremios estatales, impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se reunió este martes y anunció un paro general con movilización para coincidir con el inicio del tratamiento en la Cámara de Senadores de la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional. La decisión se tomó tras un encuentro en el Hotel Héctor Quagliaro, al que asistieron representantes sindicales de diversas áreas del sector público, jubilados, abogados laboralistas y académicos.
La convocatoria se da en un contexto de expectativa por el debate legislativo y ante la posibilidad de que varios gobernadores respalden la iniciativa. En la reunión se evaluó no solo la huelga para el día del tratamiento en el Senado, sino también la eventual anticipación de medidas en las provincias cuyos mandatarios apoyen el proyecto oficialista. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, dijo que la huelga en la jornada del tratamiento es “necesaria” y señaló la conveniencia de diseñar un plan de acción con medidas previas; además informó que este mandato se llevará a la reunión prevista con sindicatos de la CGT en la sede de la UOM.
Los organizadores indicaron que la medida cuenta con el respaldo de gremios de actividades judiciales, salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, bancarios jerárquicos, PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otros. El objetivo principal es manifestar el rechazo a la reforma y presionar a los senadores y a los poderes provinciales que, según los sindicatos, pueden influir en la aprobación del paquete legislativo.
Aguiar manifestó su preocupación por el posible impacto de la reforma sobre derechos laborales vigentes y pidió movilizarse antes del inicio del tratamiento en el Senado para hacer sentir la presión sobre los gobernadores. También evaluó la posibilidad de establecer un cronograma de protestas en provincias que apoyen al oficialismo, advirtiendo que las acciones podrían replicarse en esos distritos, especialmente en los primeros días de febrero.
El debate parlamentario se enmarca en la apertura de sesiones extraordinarias, que comenzarán el 2 de febrero, con la reforma laboral como uno de los temas principales. El oficialismo busca aprobar la iniciativa en el Senado y necesita sumar apoyos fuera de sus fuerzas. La negociación con bloques aliados como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y legisladores provinciales es clave para alcanzar los 37 votos necesarios para el quórum. Fuentes legislativas señalaron que los radicales mantienen una postura cautelosa y preparan reclamos puntuales para la reunión con la senadora Patricia Bullrich.
Desde los sindicatos resaltan como preocupación central las modificaciones propuestas a la Ley de Contrato de Trabajo, que, según advierten, afectarían a numerosos organismos estatales como ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, Aduanas, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas, entre otros. Los gremios sostienen que, contrariamente a lo afirmado por el Ejecutivo, el sector público quedaría directamente alcanzado por los cambios.
Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación de la presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo, que los sindicatos consideran que podría potenciar formas de fraude laboral en administraciones nacionales, provinciales y municipales. También critican el artículo 79 del proyecto, que traslada controversias laborales con participación del Estado nacional al fuero Contencioso Administrativo, lo que, a su entender, desplazaría la competencia de la Justicia Laboral y debilitaría la protección de los trabajadores públicos.
Aguiar vinculó la posición del Ejecutivo con la influencia de los gobernadores y afirmó que, por esa razón, los mandatarios provinciales deben ser considerados responsables si avalan una normativa que, en su opinión, representa un retroceso en derechos laborales.
