El régimen iraní difundió este domingo una lista con 2.986 nombres de personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre, mientras que las autoridades de Teherán informan de un total de 3.117 muertos. Organizaciones de la ONU y de derechos humanos advierten, no obstante, que la cifra real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que llegan hasta las 20.000 víctimas mortales.
El presidente Masud Pezeshkian comunicó oficialmente: “Lamento informar a la nación que el número total de víctimas de los acontecimientos recientes es de 3.117”. Explicó que la diferencia de 131 entre el total declarado y la lista publicada se debe a identidades desconocidas y discrepancias en los documentos de identidad, y añadió que esas personas serán incluidas en una lista complementaria una vez se corrijan los registros.
Pezeshkian también anunció que en las próximas 48 horas se pondrá en marcha un sistema para que “cualquier nueva información y reclamación pueda ser examinada y verificada sin complicaciones administrativas”.
En su comunicado, el gobierno atribuye el elevado número de víctimas a “terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel, y acusa a “enemigos históricos” de explotar las vidas de las personas, sin identificar hechos concretos que lo sustenten.
Las cifras oficiales contrastan con las obtenidas por organismos internacionales. Mai Sato, relatora especial de la ONU para Irán, afirmó a medios estadounidenses que informes de médicos dentro del país sugieren que el número de fallecidos podría alcanzar las 20.000 personas.
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, indicó que la magnitud de los muertos y heridos es “enorme, de miles de personas”, pero señaló que es difícil verificar la información procedente del país debido a las restricciones en el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso indiscriminado de fuerza letal, con fuerzas de seguridad disparando rifles y escopetas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. El colapso de morgues, el empleo de contenedores frigoríficos para almacenar cadáveres y entierros precipitados sin identificación son, según estas organizaciones, indicios de intentos por ocultar la escala de las muertes.
El casi total apagón de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, organismo de seguimiento de ciberseguridad, confirmó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo declarado de impedir la difusión de imágenes de la represión y aislar al país del escrutinio internacional. Organizaciones de derechos humanos sostienen que esa desconexión ha permitido una mayor impunidad de las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por la grave crisis económica. En diciembre la inflación llegó al 42,2% y los precios de los alimentos subieron un 72%. La moneda nacional se depreció significativamente, con el dólar alcanzando los 145.000 tomanes.
Lo que comenzaron como huelgas de comerciantes se transformó pronto en manifestaciones masivas en las 31 provincias del país, con consignas contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambios en el sistema político. Estas movilizaciones se consideran las más amplias desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión se intensificó especialmente los días 8 y 9 de enero, cuando el líder supremo Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”, según informaron funcionarios iraníes a medios internacionales.
Las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones de abrir fuego en condiciones que algunos testigos describen como órdenes de disparar para matar. The New York Times verificó videos que muestran a agentes disparando contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis barrios de Teherán. En Fardis, testigos afirman que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el uso de una ametralladora montada en un vehículo.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en una sesión de emergencia una resolución, con 25 votos a favor, que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluidos niños, y en un gran número de heridos”.
El texto, respaldado entre otros por Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos. Además, la resolución prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el del relator especial.
