El Gobierno británico anunció un paquete de sanciones contra diez personas iraníes, entre ellas el ministro del Interior Eskandar Momeni y altos mandos de las fuerzas de seguridad, como respuesta a lo que Londres considera graves violaciones de derechos humanos durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, las medidas incluyen congelación de activos, prohibiciones de viaje y la inhabilitación para dirigir empresas.
La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, dijo que el Reino Unido estaba comprometido a imponer sanciones y a pedir cuentas a las autoridades iraníes. Cooper añadió que el pueblo iraní “ha demostrado un coraje extremo frente a la brutalidad y la represión en las últimas semanas simplemente por ejercer su derecho a la protesta pacífica”.
La lista de sancionados está encabezada por Momeni, responsable del control de las Fuerzas de Seguridad del Estado de la República Islámica de Irán (FARAJA), a las que Londres identifica como principales responsables de la violencia contra manifestantes. También figuran Seyed Majid Feiz Jafari, jefe de la Policía de Seguridad Pública; Mohammad Reza Hashemifar, jefe de Policía de Lorestán; y dos jueces del Tribunal Revolucionario de Rasht, Ahmad Darvish Goftar y Mehdi Rasakhi.
Las sanciones incluyen además a varios miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), entre ellos el comandante Yadollah Bouali y el oficial Mohammad Zamani. El empresario Babak Zanjani, vinculado a la Guardia Revolucionaria, también fue sancionado; Londres le atribuye haber generado fondos y posibilitado actividades delictivas del cuerpo, incluida la represión de manifestantes. Zanjani fue condenado a muerte en 2016 por malversación de fondos de la petrolera estatal y su pena fue conmutada en 2024.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, inicialmente motivadas por el deterioro económico y la caída del rial. Se extendieron por todo el país y derivaron en un desafío al régimen teocrático. Según la agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en EE. UU., al menos 6.842 personas han sido confirmadas muertas, en su mayoría manifestantes, y HRANA investiga 11.280 casos adicionales; otras estimaciones independientes sitúan las víctimas mortales por encima de las 30.000.
El régimen iraní publicó una cifra oficial de 3.117 muertos, de los que 2.427 serían civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y calificó al resto como terroristas. Las autoridades de Teherán sostienen que la violencia fue provocada por actos terroristas instigados por Estados Unidos e Israel. Organismos internacionales de derechos humanos, en cambio, han documentado el uso sistemático de armas de fuego, cañones de agua, gas lacrimógeno y palizas por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes mayoritariamente pacíficos.
El Reino Unido se suma a Estados Unidos y la Unión Europea, que también impusieron sanciones en días recientes. La administración estadounidense sancionó recientemente a Momeni, acusándole de supervisar fuerzas responsables de la muerte de miles de manifestantes, y la UE designó a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, medida que el Reino Unido no ha adoptado. Con las sanciones anunciadas este lunes, el Reino Unido ha impuesto ya más de 550 medidas restrictivas contra personas y organizaciones iraníes vinculadas a violaciones de derechos humanos, con el objetivo de responsabilizar a quienes considera implicados en una de las represiones más letales en la historia reciente del país. Cooper afirmó que las imágenes y los informes de violencia son “horríficos” y justifican una respuesta internacional coordinada.
