El Sindicato de Camioneros, encabezado por Pablo Moyano, decretó un paro por tiempo indefinido en la planta Mega de Coca‐Cola, en el partido de Tres de Febrero. La medida constituye un punto sensible dentro de un conflicto laboral que ocurre en paralelo al debate por la reforma laboral que se discutirá en el Senado. Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió bajar la intensidad de sus protestas —limitándolas a una movilización y descartando un paro general para no romper el diálogo con el Gobierno—, sectores estratégicos como el transporte ya anunciaron medidas de fuerza sectoriales, lo que anticipa un escenario de tensión en las próximas semanas.
La asamblea que resolvió la huelga reunió a cerca de 1.500 trabajadores en la planta Mega del Gran Buenos Aires, con la presencia del secretario adjunto Pablo Moyano y del secretario gremial Marcelo Aparicio. Los empleados reclamaron la efectivización de contratados, mejoras en el esquema de presentismo y la incorporación de más personal para el turno nocturno. Moyano comunicó: “Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, y la decisión fue apoyada de manera unánime. En el encuentro exigieron condiciones laborales dignas y salarios acordes al esfuerzo diario.
Representantes de Coca‐Cola aún no emitieron una postura pública respecto de los reclamos, por lo que el conflicto permanece abierto y con posibilidades de extenderse hasta que se reanuden las negociaciones.
El contexto de esta huelga es complejo por las discusiones internas en la CGT y por el impacto que podría tener la reforma laboral, que plantea cambios en normativa del empleo formal. En la reunión de este viernes la CGT optó por realizar solo una movilización frente al Congreso durante el tratamiento del proyecto, con el objetivo declarado de mantener “el mayor nivel de paz social posible”. Aunque esa posición contó con apoyo mayoritario, sectores más combativos propusieron medidas más duras: referentes del transporte y de La Fraternidad plantearon paros de 12 y 48 horas, respectivamente. El sector más duro del transporte confirmó un paro sectorial de 12 horas el próximo miércoles, fecha clave para la votación en el Senado.
A nivel político, la huelga pone en evidencia las diferencias dentro de la dirigencia sindical sobre la estrategia frente al Gobierno y las empresas multinacionales. Dirigentes como Héctor Daer y Gerardo Martínez privilegian buscar acuerdos técnicos con gobernadores y senadores para mitigar los efectos de la reforma, mientras otras agrupaciones impulsan planes de lucha autónomos y acciones coordinadas.
En la CGT persiste la incertidumbre: algunos dirigentes muestran un “cauto optimismo” por la posibilidad de que el Gobierno acepte modificaciones al proyecto tras conversaciones con asesores legales y funcionarios, aunque admiten que no hay garantías de que sus demandas figuren en la versión final. Entre las preocupaciones sindicales sobresalen las restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, la exigencia de mantener niveles mínimos de prestación (entre el 50% y el 75%) y la obligatoriedad de contar con autorización patronal para asambleas, condiciones que limitarían la capacidad de protesta de gremios clave.
Paralelamente, Pablo Moyano convocó públicamente a movilizarse el 11 de febrero, día previsto para el tratamiento parlamentario de la reforma, y afirmó: “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”, en un llamado a articular la protesta sectorial con una respuesta gremial más amplia.
