8 de febrero de 2026
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Tres líderes reformistas detenidos en Irán tras protestas masivas

Las autoridades iraníes detuvieron este domingo a tres destacadas figuras reformistas, entre ellas Azar Mansouri, presidenta de la coalición Frente Reformista de Irán, informó la agencia Fars. Los arrestos de Mansouri, Ebrahim Asgharzadeh y Mohsen Aminzadeh suponen una escalada en la represión contra la oposición política moderada, apenas semanas después de las multitudinarias protestas de enero que dejaron miles de muertos.

Fars, vinculada al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, indicó que las autoridades de seguridad y judiciales arrestaron a los tres dirigentes por cargos que incluyen “atentar contra la unidad nacional, posicionarse contra la Constitución, coordinación con la propaganda enemiga, promoción de la rendición, desvío de grupos políticos y creación de mecanismos subversivos secretos”. Esa formulación reproduce la retórica habitual del régimen para criminalizar el disenso político.

La detención de Mansouri es especialmente relevante. Activista por los derechos de las mujeres desde los años noventa y secretaria general del Partido Unión del Pueblo Islámico de Irán, asumió la dirección del Frente Reformista en julio de 2023. El 26 de enero expresó públicamente su “disgusto y rabia” contra quienes, dijo, “arrastraron despiadadamente a la juventud de esta tierra al polvo y la sangre”, en referencia a las matanzas de manifestantes, desafiando la versión oficial de los hechos.

Ebrahim Asgharzadeh fue parlamentario entre 1988 y 1992 y formó parte del primer consejo municipal de Teherán (1999-2003); el Consejo de Guardianes lo inhabilitó políticamente por sus posturas reformistas. En 2019 reconoció públicamente su arrepentimiento por el secuestro de diplomáticos estadounidenses, calificándolo de error histórico.

Mohsen Aminzadeh, exviceministro de Asuntos Exteriores durante la presidencia reformista de Mohammad Jatamí (1997-2005), fue uno de los fundadores del Frente de Participación de Irán Islámico, el principal partido reformista del país. Ya había sido arrestado en 2009 tras las protestas contra la reelección de Mahmud Ahmadineyad y condenado a seis años de prisión por “conspirar para perturbar la seguridad” y “difundir propaganda” contra la República Islámica.

Los arrestos se producen en un contexto de alta tensión política. Las protestas que estallaron el 28 de diciembre de 2025, inicialmente motivadas por el colapso económico y la fuerte depreciación del rial, se convirtieron en un levantamiento contra el régimen. La represión de las fuerzas de seguridad derivó en masacres que dejaron más de 6.000 muertos.

En enero, el Frente Reformista intentó emitir un comunicado que exigía la renuncia del líder supremo Ali Khamenei y la transferencia del poder a un “consejo de transición”, según Iran International. Ante “amenazas contundentes” de las fuerzas de seguridad y advertencias de arrestos masivos, la coalición retiró el comunicado. Las detenciones recientes podrían ser la materialización de esas advertencias.

La respuesta represiva del régimen ha sido amplia. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos informó que más de 40.000 personas habían sido arrestadas hasta finales de enero. El jefe del poder judicial, Golamhosein Mohseni Eyei, afirmó que el trabajo de la justicia sobre “los acontecimientos recientes apenas ha comenzado” y anunció juicios expeditos con fines “disuasorios”. Varios manifestantes ya han sido condenados a muerte bajo la acusación de moharebeh, “guerra contra Dios”, un cargo que conlleva pena capital.

El movimiento reformista iraní, surgido tras la elección de Mohammad Jatamí en 1997, buscó durante décadas reformas graduales desde dentro del sistema, pero ahora enfrenta una crisis de legitimidad tras las masacres de enero. Figuras reformistas que permanecen bajo arresto domiciliario desde 2009, como el expresidente Mir Hosein Musaví y el clérigo Mehdi Karubí, han calificado las matanzas de “catástrofe” y afirmaron que “el juego ha terminado” para el régimen. Musaví exigió que las fuerzas de seguridad “depongan sus armas y se aparten del poder” para permitir una transición democrática.

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