La jueza Baloisa Marquínez fijó el inicio de los alegatos en el caso Odebrecht para el 23 de febrero, después de declarar concluida la etapa de práctica de pruebas en uno de los procesos por corrupción más relevantes de la reciente historia judicial de Panamá.
La determinación, adoptada al término de varios días de debate procesal, abre la fase en la que el tribunal escuchará los argumentos finales antes de deliberar sobre eventuales responsabilidades penales vinculadas a sobornos y contratos públicos millonarios.
En la audiencia, la magistrada explicó que no era procedente mantener abierta la fase probatoria debido a la imposibilidad legal de citar a una testigo clave, pese a los esfuerzos de las partes por localizarla.
Marquínez señaló que la citación no se logró por los mecanismos previstos en el Código Judicial, lo que impedía prolongar el proceso sin afectar el debido proceso. Por ello, consideró que correspondía avanzar hacia los alegatos para que cada parte fundamente su posición conforme a derecho.
La jueza también rechazó pedidos para enviar oficios a instituciones públicas con el fin de ubicar a una persona relacionada con el expediente, al entender que ello implicaría una actuación investigadora que no compete al órgano jurisdiccional.
Citó el artículo 5 del Código Procesal Penal, que determina la separación de funciones entre jueces y fiscales, y recordó que el rol judicial se limita a valorar pruebas y garantizar las garantías procesales.
El tribunal indicó que las sesiones de alegatos comenzarán a las 2:00 p.m., estableciendo inicialmente un tiempo de una hora para cada abogado, con ampliaciones previstas para quienes representen a más de un imputado, con el fin de asegurar un debate ordenado y completo.
La magistrada añadió que el desarrollo será continuo y sin interrupciones innecesarias, para evitar nuevas dilaciones en un proceso que ya se ha extendido por varios años.
La fiscal superior anticorrupción, Ruth Morcillo, respaldó la agenda fijada, aunque inicialmente había solicitado que los alegatos se iniciaran el 19 de febrero, después de los carnavales, para mantener la coherencia en la exposición del Ministerio Público.
Morcillo explicó que su petición también consideró su participación en otro proceso relativo a presunto peculado en la remodelación del Casco Antiguo, obra asignada a Odebrecht y a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), lo que influyó en la reprogramación acordada con la defensa.
Los abogados defensores coincidieron en que el 23 de febrero era una fecha adecuada para asegurar la preparación integral de sus alegatos.
El juicio Odebrecht en Panamá forma parte de una investigación regional sobre el esquema de sobornos operado por la constructora brasileña en varios países de América Latina. En Panamá, el expediente se centra en pagos ilegales relacionados con contratos de infraestructura, incluidos proyectos viales y otras obras públicas.
Según la investigación, los sobornos habrían sido canalizados mediante sociedades offshore, intermediarios financieros y cuentas en el extranjero, con el objetivo de obtener adjudicaciones y facilitar pagos irregulares.
Las autoridades han documentado transferencias millonarias y la participación de empresarios, exfuncionarios y operadores financieros, conformando una red compleja de corrupción transnacional.
El Ministerio Público afirma que los fondos ilícitos afectaron las finanzas públicas y distorsionaron los procesos de contratación estatal. En la etapa probatoria se incorporaron informes bancarios, testimonios, peritajes financieros y documentos internacionales que, según la Fiscalía, evidencian una estructura organizada para el pago de coimas.
Las defensas han cuestionado la validez de ciertas pruebas, la cadena de custodia de documentos y la interpretación de operaciones financieras realizadas hace más de una década, además de alegar posibles vulneraciones al debido proceso y ausencia de pruebas directas contra algunos imputados.
La etapa de alegatos permitirá a cada parte exponer su interpretación del expediente, destacar las pruebas que considera determinantes y reforzar sus argumentos jurídicos: la Fiscalía podrá solicitar condenas y sanciones, y las defensas buscarán la absolución o el rechazo de las imputaciones.
Morcillo detalló que, del total recuperado hasta ahora, aproximadamente 74 701 000 dólares corresponden al pago parcial de la multa impuesta a Odebrecht por la justicia panameña, y otros 10 692 000 dólares provienen de acuerdos con imputados en el proceso penal.
La fiscal señaló que estos recursos constituyen uno de los mayores procesos de recuperación patrimonial vinculados a un caso de corrupción en el país, aunque advirtió que aún hay montos pendientes de definición judicial.
Asimismo, informó que de forma preliminar el valor de bienes, cuentas bancarias y activos aprehendidos durante el proceso oscila entre 26 y 27 millones de dólares, recursos que aún están sujetos a decisiones judiciales.
Morcillo no descartó que la cifra final de recuperación sea mayor, considerando procesos en curso y activos bajo custodia estatal. La multa total impuesta a Odebrecht en Panamá asciende a 220 millones de dólares, por lo que las autoridades continúan explorando vías legales para ampliar la restitución de fondos públicos.
