La jueza Baloisa Marquínez fijó el inicio de los alegatos del caso Odebrecht para el 23 de febrero, tras declarar cerrada la etapa de práctica de pruebas en uno de los procesos anticorrupción más relevantes en la reciente historia de Panamá.
La decisión se adoptó después de varios días de debate procesal y da paso a una fase clave antes de que el tribunal delibere sobre posibles responsabilidades penales en un expediente que involucra millonarios sobornos y contratos públicos.
Durante la audiencia, la magistrada explicó que no era posible mantener abierta la etapa probatoria debido a la imposibilidad legal de citar a una testigo clave, pese a los intentos realizados por las partes.
Marquínez señaló que la citación no se concretó por los medios previstos en el Código Judicial, lo que impedía prolongar el proceso sin afectar el debido proceso; por ello consideró procedente avanzar hacia los alegatos, donde cada parte podrá sustentar sus argumentos conforme a la ley.
La jueza también rechazó peticiones para remitir oficios a instituciones públicas con el fin de localizar a una persona vinculada al proceso, al considerar que ello supondría una actuación de investigación que no corresponde al tribunal.
Citó el artículo 5 del Código Procesal Penal, que establece la separación de funciones entre jueces y fiscales, y reafirmó que la labor judicial se limita a valorar pruebas y garantizar las garantías procesales.
Con la decisión, el tribunal dispuso que las sesiones de alegatos comiencen a las 2:00 p.m., con un tiempo inicial de una hora por cada abogado, aunque se otorgará más tiempo a los defensores que representen a varios imputados para asegurar un debate ordenado y completo.
La jueza indicó que el desarrollo será continuo y sin interrupciones innecesarias, con el propósito de evitar nuevas dilaciones en un proceso que se ha extendido por varios años.
La fiscal superior anticorrupción Ruth Morcillo respaldó la programación establecida, después de haber solicitado inicialmente que los alegatos comenzaran el 19 de febrero, tras los carnavales. Señaló que su petición buscaba preservar la coherencia argumentativa del Ministerio Público respecto a las imputaciones y las pruebas presentadas.
Morcillo recordó además que deberá intervenir en paralelo en otro proceso relacionado con un presunto peculado en la remodelación del Casco Antiguo, obra asignada a Odebrecht y a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), lo que influyó en la reprogramación acordada con la defensa.
Los abogados defensores coincidieron en que el 23 de febrero era una fecha adecuada para garantizar la preparación integral de sus alegatos.
El juicio Odebrecht en Panamá integra un entramado regional de investigaciones derivadas del esquema de sobornos operado por la constructora brasileña en varios países de América Latina.
En el caso panameño, el expediente se concentra en pagos ilegales vinculados a contratos de infraestructura, entre ellos proyectos viales, obras públicas y concesiones adjudicadas durante distintos gobiernos.
Según la investigación, los sobornos habrían sido canalizados mediante sociedades offshore, intermediarios financieros y cuentas en el extranjero, con el objetivo de asegurar adjudicaciones y facilitar pagos irregulares.
Las autoridades han documentado transferencias millonarias y la participación de empresarios, exfuncionarios y operadores financieros, conformando una red compleja de corrupción transnacional.
El Ministerio Público sostiene que los fondos ilícitos afectaron las finanzas públicas y distorsionaron los mecanismos de contratación estatal. En la etapa probatoria se incorporaron informes bancarios, testimonios, peritajes financieros y documentos internacionales que, según la Fiscalía, evidencian una estructura organizada para el pago de coimas.
Las defensas han cuestionado la validez de algunas pruebas, la cadena de custodia de ciertos documentos y la interpretación de operaciones financieras realizadas hace más de una década, y han alegado supuestas vulneraciones al debido proceso y falta de pruebas directas contra algunos imputados.
La etapa de alegatos permitirá que cada parte exponga de forma ordenada su interpretación del expediente, destaque las pruebas que considere determinantes y refuerce sus argumentos jurídicos: la Fiscalía para solicitar condenas y sanciones, y las defensas para impugnar las imputaciones y pedir absoluciones.
Morcillo detalló que del total recuperado, alrededor de 74 millones 701 mil dólares corresponden al pago parcial de la multa impuesta a Odebrecht por la justicia panameña, mientras que otros 10 millones 692 mil dólares provienen de acuerdos con imputados en el proceso penal.
La fiscal subrayó que esos recursos constituyen uno de los mayores procesos de recuperación patrimonial vinculados a un caso de corrupción en el país, aunque advirtió que aún hay montos pendientes de definición judicial.
Adicionalmente, informó que, de manera preliminar, el valor de los bienes, cuentas bancarias y recursos financieros aprehendidos oscila entre 26 y 27 millones de dólares, los cuales siguen sujetos a decisiones judiciales.
Morcillo no descartó que la cifra final de recuperación sea mayor, considerando procesos en curso y activos bajo custodia del Estado. Recordó que la multa total impuesta a Odebrecht en Panamá asciende a 220 millones de dólares, por lo que las autoridades continúan buscando mecanismos legales para ampliar la restitución de fondos públicos.
