La Cámara Económica Sanmartinense expresó su preocupación por la situación actual de las pequeñas y medianas empresas industriales en San Martín, en la provincia y en todo el país.
Según el presidente de la CES, Juan A. Ciolli, los datos oficiales del INDEC, los informes sectoriales y los indicadores de actividad, ventas, utilización de la capacidad instalada y cierres de empresas muestran que la industria pyme atraviesa una situación crítica.
Ciolli, quien desde mediados de 2024 viene advirtiendo sobre la caída de la producción, la pérdida de empleos genuinos y el aumento de las importaciones, consideró que las decisiones de política económica del gobierno nacional están acelerando un proceso de desindustrialización.
En una reunión de su directorio, la CES revisó varios casos de industriales locales que perdieron puntos de venta frente a productos importados. Los sectores más afectados incluyen ropa y calzado, textil, librería comercial y metalmecánica, entre otros.
En el ámbito de comercios y servicios, la dirigencia empresarial también señaló la caída de ventas y el estancamiento de la demanda interna. Ciolli indicó que no se observa recuperación en ningún rubro, mientras los comercios enfrentan el aumento de alquileres, altos costos de servicios públicos y una elevada presión tributaria, lo que genera desgaste e incertidumbre en los empresarios pyme.
La CES evaluó además el reciente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos y el avance del TLC Mercosur-UE. Desde la entidad sostienen que estos acuerdos reflejan una política que profundiza la desindustrialización, ya que los países desarrollados cuentan con mecanismos para proteger sus cadenas de valor y con normativas de tecnificación, sustentabilidad, trazabilidad y etiquetado que excluyen a productos argentinos.
A esas medidas se suma, según la entidad, el desfinanciamiento de universidades y organismos de conocimiento (INTI, CONEA, CONICET, entre otros), en un contexto global de disputa por la hegemonía tecnológica. También mencionaron iniciativas como la posible privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. —operadora de las centrales de Atucha I y II y Embalse— y la situación de IMPSA, que ya fue privatizada, así como la colaboración con CONEA e INVAP en el desarrollo del reactor modular nuclear CAREM.
La CES criticó además el Proyecto de Ley de Modernización Laboral por haberse elaborado sin la consulta de los actores directamente involucrados, como trabajadores y empresas pymes de capital nacional.
La entidad advirtió que estas políticas tienden a posicionar al país como proveedor de materias primas —agrícolas, minerales como litio, cobre y tierras raras— y de recursos energéticos y pesqueros, y como comprador de bienes terminados, en lugar de favorecer la producción industrial local.
Ciolli concluyó que las pequeñas y medianas empresas enfrentan amenazas que superan la capacidad de ajuste interno: la apertura de importaciones, la competencia desigual, la caída del poder adquisitivo salarial y la falta de políticas que protejan a la industria nacional ponen en riesgo la sustentabilidad de las PyMEs. Si el gobierno no demuestra un interés real por la industria, dijo, será necesario defender el tejido socio-productivo por los medios que correspondan.
