El conflicto laboral en Lustramax, situada en Tortuguitas (provincia de Buenos Aires), se intensifica tras los despidos de empleados y delegados sindicales. Los trabajadores denunciaron un “operativo ilegal” de la Gendarmería en las inmediaciones de la planta, mientras la empresa afirma ser víctima de amenazas y extorsiones.
Según el personal, la Gendarmería no tendría jurisdicción para intervenir en la provincia de Buenos Aires y su despliegue habría sido usado para amedrentar a quienes participan del conflicto. Los trabajadores señalaron además la presunta participación de la senadora Florencia Arietto y acusaron a la firma de intentar avanzar con despidos y medidas de flexibilización laboral.
La dirección de Lustramax, representada por su propietario Ezequiel Sosa, rechazó las imputaciones y sostuvo que la planta está “tomada por un grupo político”. Sosa explicó que los despidos responden a un reordenamiento interno y afirmó que la mayoría desea trabajar pero se ve impedida por hechos intimidatorios. Indicó haber vivido extorsiones y miedo durante años antes de tomar decisiones.
Sosa también relató haber recibido amenazas personales y dijo que permanece en la planta desde hace días para resguardar las instalaciones. Calificó la protesta como una usurpación ilegal y acusó a los delegados despedidos de provocar conflictos continuos y condicionar el funcionamiento mediante reclamos informales.
La versión de los trabajadores es distinta: rechazan que la empresa atraviese una crisis económica y aseguran que Lustramax obtuvo ganancias significativas en los últimos años, con jornadas prolongadas y uso habitual de horas extra antes del inicio del conflicto. Denuncian, además, incumplimientos en el pago del aguinaldo, del bono de fin de año y de aportes a obras sociales, exceso de jornada laboral y falta de actualización salarial conforme a las paritarias.
Por ello, consideran que los despidos constituyen persecución sindical y una maniobra para desarticular la organización gremial interna. Califican como ilegales las cesantías de los delegados y denuncian intentos de imponer condiciones laborales regresivas.
El Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria y ordenó retrotraer la situación al 9 de enero de 2026, con la reincorporación de los despedidos hasta el 3 de febrero. La empresa dejó constancia en actas de que no acatará la medida y ratificó los despidos, lo que agravó el conflicto.
En la actualidad, la protesta incluye un paro total de actividades, la permanencia de trabajadores en la planta y cortes intermitentes en la autopista Panamericana. El conflicto comenzó a mediados de diciembre, cuando la empresa anunció una reestructuración con 29 despidos inicialmente comunicados y luego reducidos a 15. Sectores gremiales califican el caso como un conflicto testigo ante un posible avance de reformas laborales a nivel nacional.
