La inteligencia ucraniana desmanteló un grupo clandestino acusado de planear asesinatos selectivos contra figuras clave del país y combatientes extranjeros. Los servicios de seguridad de Kiev indicaron que la célula actuaba bajo órdenes directas de los servicios secretos rusos, coordinada por un ciudadano moldavo reclutado mientras cumplía una condena en Rusia.
El informe oficial señala que el grupo ofrecía hasta 100.000 dólares por cada asesinato, con montos variables según la importancia del objetivo. Entre los blancos identificados figuraban altos mandos de la inteligencia militar ucraniana, directivos de empresas estratégicas, miembros de la legión extranjera que combate junto a Kiev y periodistas de proyección internacional.
La operación, denominada Enigma 2.0, concluyó con la detención de diez personas: siete en territorio ucraniano y tres en Moldavia, incluido el organizador principal. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detalló que la intervención incluyó el ingreso a un piso seguro donde se encontraba uno de los sospechosos.
El líder de la célula, un ciudadano moldavo de 34 años, tenía antecedentes y, según el SBU, fue captado por agentes rusos durante su estancia en una prisión rusa. Se le atribuye la creación de una red encubierta para ejecutar los atentados y el reclutamiento de personas con experiencia militar y afinidad ideológica pro-Kremlin.
El grupo operaba con equipos de vigilancia y de ejecución. Los métodos descritos incluían disparos a corta distancia y atentados con coches bomba. Para entrar en Ucrania, los operativos se hacían pasar por turistas y se alojaban en viviendas alquiladas en distintas regiones.
El SBU explicó que los agentes empleaban identidades falsas y se presentaban como mensajeros de servicios de entregas para acercarse a sus objetivos. Un portavoz declaró: “Tomaron fotografías y videos de las personas señaladas, registraron su ubicación en Google Maps y remitieron la información a sus contactos en Rusia”.
En el operativo se incautaron teléfonos móviles, equipos informáticos, armas, municiones y explosivos. El material permitió a los investigadores acceder a comunicaciones directas con mandos rusos, aportando pruebas sobre la coordinación y el financiamiento de la red.
Según el SBU, la célula estaba integrada por el líder principal, dos agentes de confianza y varios cómplices reclutados en Ucrania, otros países de la Unión Europea y la región separatista de Transnistria. Las transferencias de fondos para los atentados se realizaban mediante monederos electrónicos y tarjetas bancarias de entidades financieras extranjeras.
Andriy Yusov, jefe de comunicaciones estratégicas de la Dirección General de Inteligencia Militar (GUR) de Ucrania, figuró entre los objetivos más destacados. Yusov confirmó a medios locales estar en la lista, sin detallar las medidas de seguridad adoptadas.
Los informes indican que los servicios secretos rusos buscaban generar pánico y desestabilizar la situación sociopolítica en Ucrania mediante el asesinato de figuras públicas y la divulgación mediática de esos actos.
Las autoridades ucranianas abrieron causas penales por preparación de asesinato premeditado por encargo y por manejo ilegal de armas, municiones o explosivos. El proceso está en los tribunales de Kiev, que anunciaron cooperación judicial con Moldavia y otros países implicados en la investigación.
Fuentes del SBU subrayaron que la célula contaba con “personas afines, pro-Kremlin y con experiencia militar” y que la operación Enigma 2.0 sigue abierta a nuevas detenciones. Un portavoz afirmó que “la amenaza persiste, pero hemos logrado neutralizar una de las redes más peligrosas dedicadas a la guerra en la sombra”.
La operación contó con el respaldo de organismos internacionales y puso de manifiesto la dimensión transnacional de los intentos de desestabilización atribuidos a los servicios secretos rusos en el contexto del conflicto con Ucrania.
