La inteligencia ucraniana desmanteló un grupo clandestino acusado de planear asesinatos selectivos contra figuras clave de Ucrania y combatientes extranjeros. Según las autoridades, la célula actuaba bajo instrucciones de los servicios secretos rusos y estaba coordinada por un ciudadano moldavo reclutado durante su estancia en una prisión de Rusia.
El informe oficial indica que se ofrecían hasta 100.000 USD por cada asesinato, con variaciones según la relevancia del objetivo. Entre los blancos señalados figuraban altos mandos de la inteligencia militar ucraniana, directivos de empresas estratégicas, miembros de la legión extranjera que combate junto a Kiev y periodistas con proyección internacional.
La operación, denominada Enigma 2.0, concluyó con la detención de diez personas: siete en Ucrania y tres en Moldavia, incluido el presunto organizador principal. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó que la intervención incluyó la entrada a un piso seguro donde se encontraba uno de los sospechosos.
El líder de la red, un moldavo de 34 años con antecedentes, habría sido captado por agentes rusos durante su reclusión en Rusia. Las autoridades le atribuyen la creación y el diseño de una estructura encubierta para ejecutar los atentados, reclutando personas con experiencia militar y afinidad ideológica con el Kremlin.
La célula operaba con equipos de vigilancia y de ejecución. Los métodos previstos incluían disparos a corta distancia y atentados con coches bomba. Para desplazarse a territorio ucraniano, sus miembros se hacían pasar por turistas y se alojaban en viviendas alquiladas en distintas regiones.
Los agentes utilizaban identidades falsas y simulaban ser mensajeros de servicios de paquetería para acercarse a sus objetivos. Según el SBU, tomaban fotografías y videos de las personas señaladas, registraban sus ubicaciones en aplicaciones de mapas y enviaban esa información a sus contactos en Rusia.
En el operativo se incautaron teléfonos móviles, equipos informáticos, armas, municiones y explosivos. El material confiscado permitió acceder a comunicaciones directas con mandos rusos, aportando evidencias sobre la coordinación y el financiamiento de la red.
La estructura descrita por el SBU incluía al líder principal, dos colaboradores de confianza y varios cómplices reclutados en Ucrania, otros países de la Unión Europea y la región separatista de Transnistria. Los pagos para los atentados se realizaban mediante monederos electrónicos y tarjetas bancarias vinculadas a entidades extranjeras.
Andriy Yusov, jefe de comunicaciones estratégicas de la Dirección General de Inteligencia Militar (GUR) de Ucrania, apareció entre los objetivos más destacados. Yusov confirmó a medios locales que figuraba en la lista, sin ofrecer detalles sobre las medidas de protección adoptadas.
Los informes sostienen que los servicios secretos rusos perseguían sembrar miedo y desestabilizar la situación sociopolítica en Ucrania mediante asesinatos selectivos y su posterior difusión mediática.
Las autoridades ucranianas abrieron expedientes penales por preparación de asesinato por encargo y por manejo ilegal de armas, municiones o explosivos. El proceso está bajo la jurisdicción de los tribunales de Kiev, que anunciaron colaboración judicial con Moldavia y otros países implicados en la investigación.
Fuentes del SBU subrayaron que la célula contaba con personas afines al Kremlin y con experiencia militar, y que la operación Enigma 2.0 permanece abierta a nuevas detenciones. Un portavoz señaló que, aunque la amenaza persiste, se logró neutralizar una de las redes más peligrosas dedicadas a esta forma de guerra encubierta.
La operación contó con apoyo de organismos internacionales y puso de manifiesto la dimensión transnacional de los intentos de desestabilización atribuidos a los servicios secretos rusos en el contexto del conflicto con Ucrania.
