La Justicia boliviana emitio ordenes de aprehension contra varios exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y otros jueces senalados por haber prorrogado sus mandatos fuera del plazo legal. Se les imputa, entre otros cargos, usurpacion de funciones y atentado contra la seguridad juridica del Estado.
La medida fue dictada por el juez Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, del Juzgado de Instruccion Primero de La Guardia, en Santa Cruz. La resolucion indica: “Se dispone que sean conducidos ante el modulo policial de La Guardia y luego puestos a disposicion del suscrito juzgador a fin de resolver la presente accion popular”.
En los listados aparecen los nombres de Gonzalo Hurtado Zamorano, Rene Yvan Espada, Julia Elizabeth Cornejo y Karem Lorena Gallardo. Isidora Jimenez Castro figuro inicialmente, pero fue excluida de la medida porque habia presentado su renuncia con anterioridad.
El mismo juzgado solicito al Ministerio de Gobierno la activacion de una alerta migratoria contra los magistrados prorrogados del TCP. No obstante, la solicitud no alcanzo a los dos exmagistrados autoprorrogados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Eguez Anez y Ricardo Torres Echalar.
Ante presiones politicas y judiciales por la extension controvertida de sus mandatos, los cinco jueces que se habian autoprorrogado firmaron un auto constitucional en el que determinan el cese de sus funciones y el de dos autoridades del TSJ. Ese documento, sin embargo, afirma la validez plena de todos los actos emitidos durante la prorroga de sus mandatos.
Los magistrados en cuestion fueron elegidos por voto popular en 2017 y su mandato oficial concluia el 31 de diciembre de 2023. Las elecciones para designar a sus reemplazos se postergaron un ano debido a la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa y a obstaculos judiciales presentados por algunos de los jueces que debian ser relevados, lo que motivo la autoprorroga con el argumento de evitar un vacio en el Organo Judicial.
Cuando faltaban pocos dias para la eleccion de nuevos jueces, en diciembre de 2024 los magistrados del TCP declararon desierta la convocatoria en algunas regiones, lo que prolongo sus mandatos -y los de dos jueces del TSJ- por casi un ano adicional.
El ex presidente del Estado y de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodriguez Veltze, fue critico de la autoprorroga. Tras conocerse el cese de funciones, califico esa extension como “el peor agravio al orden democratico” y sostuvo que la salida “por la puerta trasera con auto reconocimientos no limpia ni justifica su atropello”.
El presidente Rodrigo Paz tambien valoro la determinacion y califico la autoprorroga como uno de los “simbolos de la injusticia” en el pais.
Durante su gestion, los magistrados del TCP emitieron resoluciones que generaron controversia: en 2020 prolongaron el mandato de Jeanine Anez por la postergacion de elecciones durante la pandemia y, ya con Luis Arce en el Gobierno, luego emitieron una sentencia que calificaba como inconstitucional ese mismo Gobierno que en su momento habian reconocido. Ademas, anularon sesiones de la Asamblea Legislativa, dilataron recursos de interpelacion y obstaculizaron el desarrollo de las elecciones judiciales.
El TCP tambien intervino en la disputa interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), vetando de manera indefinida la reeleccion de Evo Morales y reconociendo como valido un congreso partidario en el que se eligio a un aliado de Luis Arce como presidente del MAS.
Tras el alejamiento de los siete jueces del Organo Judicial, el vicepresidente Edmand Lara anuncio que convocara a una sesion extraordinaria de la Asamblea Legislativa con el objetivo de acelerar la aprobacion de una ley para la eleccion de los magistrados vacantes.
