El Gobierno británico suspendió este miércoles el trámite parlamentario para ratificar el acuerdo con Mauricio que transferiría la soberanía del archipiélago de Chagos —incluida la isla de Diego García, sede de una base conjunta con Estados Unidos—. El ministro de Asuntos Exteriores, Hamish Falconer, informó a la Cámara de los Comunes que la tramitación se ha interrumpido mientras se mantienen conversaciones con las autoridades estadounidenses y que el tratado se volverá a presentar al Parlamento en su momento.
Falconer explicó que, aunque el respaldo inicial de la administración de Donald Trump al acuerdo no había cambiado formalmente, la postura posterior del expresidente representaba un factor “muy significativo” que el Ejecutivo de Keir Starmer debía tener en cuenta. Su anuncio provocó confusión: fuentes del Foreign Office señalaron a medios británicos que “no existe ninguna pausa” y que “nunca se estableció un plazo”, pero el proyecto de ley no figura en la agenda de la Cámara de los Lores desde el 20 de enero y aún no se ha fijado nueva fecha para continuar su tramitación.
La decisión se produjo tras la intervención pública de Trump, que la semana pasada calificó el acuerdo en Truth Social de “un acto de gran estupidez” y pidió a Starmer que no “entregara Diego García”, argumentando que la base podría ser necesaria para una eventual operación militar contra Irán. La propia administración estadounidense había respaldado el tratado en mayo de 2025, con el secretario de Estado Marco Rubio describiendo Diego García como “un activo crítico para la seguridad regional y global”.
Firmado por Londres y Port Louis el 22 de mayo de 2025, el tratado prevé la transferencia plena de soberanía sobre el archipiélago a Mauricio, mientras el Reino Unido conservaría el control operativo de Diego García mediante un arrendamiento inicial de 99 años, prorrogable por 40 años adicionales. El coste estimado para el Tesoro británico es una media de 101 millones de libras anuales en precios de 2025, unos 3.400 millones de libras en total. El Gobierno de Starmer defiende el acuerdo por razones jurídicas y estratégicas, alegando que desatender el dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia de 2019 —que consideró ilegal la administración británica del territorio— pondría en riesgo la continuidad de la base.
Históricamente, el archipiélago fue separado de Mauricio en 1965 para constituir el Territorio Británico del Océano Índico. Entre 1968 y 1973, alrededor de 1.500 habitantes fueron expulsados para permitir la instalación de la base en Diego García. Desde entonces, los chagossianos y sus descendientes han reclamado el derecho a regresar, demanda que el acuerdo no satisface plenamente: prohíbe el retorno a Diego García de quienes nacieron allí y deja a Mauricio la decisión sobre el reasentamiento en las islas exteriores. Expertos de la ONU y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial han instado a no ratificar el tratado por considerar que vulnera los derechos de la comunidad chagossiana.
