Casi cuatro años después del comienzo de la invasión a gran escala, Rusia controla aproximadamente el 20% del territorio ucraniano. Entre 3 y 5 millones de personas permanecen en las zonas bajo control ruso y enfrentan problemas persistentes con la vivienda, el suministro de agua y electricidad, la calefacción y el acceso a la atención sanitaria.
El propio presidente Vladimir Putin admitió la existencia de “muchos problemas verdaderamente acuciantes y urgentes” en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, regiones que Moscú anexó ilegalmente meses después del inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022.
En esas áreas se promueve la ciudadanía, el idioma y la cultura rusos, incluyendo cambios en los programas y libros de texto escolares.
Según testimonios de ucranianos que huyeron, muchos residentes viven con el temor de ser acusados de simpatizar con Kiev; activistas de derechos humanos han denunciado detenciones, torturas, golpizas y asesinatos.
Oleksandra Matviichuk, directora del Centro para las Libertades Civiles y ganadora del Nobel de la Paz, afirmó que Rusia ha establecido “una vasta red de centros de detención, secretos y oficiales, donde decenas de miles de civiles ucranianos” permanecen detenidos indefinidamente sin cargos.
Las autoridades rusas no han respondido a las acusaciones previas de organismos de derechos humanos de la ONU sobre torturas a civiles y prisioneros de guerra.
La difícil situación de una familia
Inna Vnukova relató que los primeros días de la ocupación en Lugansk los pasó con su familia en un sótano húmedo, mientras soldados imponían controles, saqueaban casas y los bombardeos continuaban en su aldea de Kudriashivka.
Vnukova, que ahora reside en Estonia, contó que muchas personas tenían miedo de salir y que las tropas buscaban a funcionarios y empleados públicos como ella y su esposo, Oleksii Vnukov.
A mediados de marzo de 2022, Inna y su hijo de 16 años huyeron con familiares hacia Starobilsk, dejando temporalmente a su marido, y viajaron en coche bajo fuego de mortero.
Oleksii, que trabajaba como agente de seguridad del tribunal, permaneció casi dos semanas antes de que, tras recibir amenazas de muerte, lograra escapar.
Según Inna, en su pueblo de antes, que llegó a tener 800 habitantes, hoy solo sobreviven unas 150 personas, incluida la familia de ambos.
Hoy la pareja vive en Estonia: ella trabaja en una imprenta, él es electricista, su hijo tiene 20 años y tienen una hija de un año, Alisa.
La vida en la destrozada Mariúpol
Las fuerzas rusas sitiaron Mariúpol durante semanas hasta que la ciudad cayó en mayo de 2022. El bombardeo del Teatro Dramático Regional de Donetsk el 16 de marzo mató a centenares de personas, en lo que una investigación de AP describió como el ataque más mortífero contra civiles en la guerra.
De una población previa de alrededor de medio millón, la mayoría huyó; muchos, sin embargo, se refugiaron en sótanos, según el testimonio de un antiguo actor que ha mantenido contacto con sus padres.
Ese ex actor, que se encuentra en Estonia y habló en condición de anonimato para no poner en riesgo a sus padres de 76 años que permanecen en Mariúpol, dijo que ellos solicitaron la ciudadanía rusa para acceder a atención médica y a un pago único de aproximadamente 1.300 dólares por persona por la pérdida de sus viviendas.
Aunque la población de la ciudad se ha reducido a la mitad, la vivienda sigue siendo un problema: se han denunciado ventas de nuevos apartamentos a recién llegados rusos en lugar de a quienes perdieron sus hogares.
No toda la población se opone a la administración rusa; el ex actor afirmó que alrededor de la mitad de su antigua compañía apoyan al Kremlin. Sus padres, en cambio, le pidieron no enviarles correspondencia en ucraniano por seguridad.
Infraestructura en ruinas
Años de conflicto y negligencia han dejado la infraestructura municipal en muchas localidades en condiciones críticas.
En Alchevsk, en la región de Lugansk, más de la mitad de las viviendas carecen de calefacción este invierno; se han instalado solo cinco estaciones de calefacción.
En Donetsk, los camiones cisterna distribuyen agua en barriles frente a bloques de apartamentos, pero en invierno el agua se congela y surgen disputas constantes por su reparto, según una residente que habló bajo condición de anonimato.
Moscú ha incentivado el traslado de ciudadanos rusos a las regiones ocupadas con prestaciones, y ofrece complementos salariales a profesores, médicos y trabajadores culturales que residan allí durante cinco años.
Sievierodonetsk, que llegó a albergar 140.000 personas, quedó muy dañada y ahora apenas cuenta con 45.000 habitantes, en su mayoría ancianos o discapacitados; solo una ambulancia cubre la ciudad y personal médico ruso rota para atender el hospital, relató un exingeniero que pidió anonimato.
En septiembre, Putin reconoció la gravedad de la situación en las localidades ocupadas y afirmó haber puesto en marcha un “programa de desarrollo socioeconómico a gran escala”, señalando la necesidad de garantizar suministro de agua y atención sanitaria fiables.
Vivir con miedo
Stanislav Shkuta, de 25 años y originario de Nova Kakhovka, en la región de Jersón, contó que escapó por poco de varias detenciones antes de llegar a territorio controlado por Ucrania en 2023. Relató el episodio de un autobús detenido por soldados que obligaron a hombres y mujeres a desnudarse hasta la cintura para buscar tatuajes pro‐ucranianos.
Shkuta, que ahora está en Estonia, dijo que temió por su vida y revisó su teléfono por si aún quedaban rastros de información comprometida.
Sus amigos que permanecen en Nova Kakhovka describen un empeoramiento de las condiciones y la detención de presuntos simpatizantes ucranianos en la calle o tras registros domiciliarios sorpresa.
Mykhailo Savva, del Centro para las Libertades Civiles en Ucrania, afirmó que los servicios especiales rusos continúan identificando a personas consideradas desleales, extrayendo confesiones y practicando detenciones, mientras se suceden controles masivos de documentos y registros.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso de “campos de filtración” al inicio de la guerra para localizar a quienes podrían ser considerados desleales: funcionarios, personas vinculadas al ejército ucraniano, periodistas, profesores, científicos y políticos, entre otros.
El Defensor del Pueblo de Derechos Humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, indicó que unas 16.000 personas han sido detenidas ilegalmente, aunque la cifra real podría ser mayor dado el número de detenidos incomunicados.
(AP)
