23 de febrero de 2026
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Venezuela libera a otros 30 presos políticos tras aprobación de la ley de amnistía

Al menos treinta presos políticos salieron este lunes de la cárcel Rodeo I, en las afueras de Caracas, en el marco de la ley de amnistía promulgada la semana pasada, en un proceso que marca las primeras liberaciones plenas bajo la nueva normativa presentada por Delcy Rodríguez.

Los excarcelados fueron recibidos con aplausos y gritos de júbilo por familiares y allegados que aguardaban en las puertas del penal, tras meses de espera e incertidumbre.

“¡Somos libres!”, expresaron varios de los liberados al reencontrarse con sus seres queridos. La mayoría vestía camisas blancas y presentaba la cabeza rapada, una imagen recurrente en este tipo de excarcelaciones en Venezuela.

La ley, aprobada el jueves por el Parlamento, contempla delitos de carácter político cometidos durante los 27 años del periodo chavista y fue presentada por Rodríguez como un paso hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”.

Entre los excarcelados figura Luis Viera, quien estuvo detenido un año y un mes.

“Somos totalmente libres, sin ningún tipo de regimiento que nos tengamos que presentar”, declaró Viera al salir de prisión; dijo que busca ponerse al día con la situación del país y dedicar tiempo a su familia.

Otro liberado, Javier Rivas, cadete acusado de “golpista”, relató que sufrió torturas y malos tratos durante su detención.

“Me acusan de cuestiones que no son válidas, pero aquí estoy vivo”, afirmó Rivas al recuperar la libertad.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó el fin de semana que 1.500 personas han solicitado acogerse a la amnistía y que otras 11.000 que estaban en libertad condicional podrían acceder a la libertad plena gracias a la nueva legislación.

Sin embargo, organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) advierten que el proceso avanza con lentitud y que cientos de detenidos, en particular militares acusados de delitos calificados como “terroristas”, podrían quedar excluidos del beneficio.

La aplicación de la ley ha generado expectativas y movilización entre los familiares de los presos. Desde el viernes, cuando se publicó el protocolo para una aplicación expedita, decenas de allegados han acudido a los tribunales para iniciar solicitudes de excarcelación.

Según la activista Andreína Baduel, la mayoría de los detenidos no cuenta con defensa privada, sino con abogados públicos asignados por el Estado, lo que ha ralentizado los trámites y dificultado la asesoría legal adecuada.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que algunos tribunales especializados en terrorismo se negaron a recibir solicitudes de sobreseimiento, pese a que la ley permite a las víctimas presentar peticiones de cierre de sus casos. Esta situación ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que reclaman transparencia y celeridad en el proceso.

El protocolo para la aplicación de la ley, aprobado en una reunión entre la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia y la comisión especial de seguimiento, busca agilizar los trámites y garantizar que los órganos de justicia actúen de manera rápida y efectiva.

El fiscal general designado por Nicolás Maduro, Tarek William Saab, aseguró que el mecanismo “garantizará que todos los órganos de administración de justicia ejecuten de forma rápida y efectiva la aplicación de los beneficios para las personas relacionadas con los hechos establecidos” en la ley.

Hasta la mañana de este lunes, la organización Foro Penal había contabilizado 65 liberaciones bajo la nueva normativa, aunque expertos advierten que el alcance de la ley podría ser limitado. persiste el temor de que cientos de casos, especialmente de militares y personas acusadas de terrorismo, queden fuera de la amnistía.

Mientras tanto, en las afueras de Rodeo I y de otros centros penitenciarios continúan las vigilias y celebraciones de quienes aguardan la liberación de más detenidos, en un proceso que la sociedad venezolana sigue con atención y esperanza, pero también con cautela ante las restricciones y desafíos que persisten en la aplicación de la ley.

(Con información de AFP y EFE)

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