El Gobierno británico detuvo este miércoles el trámite parlamentario para ratificar el acuerdo con Mauricio que transferiría la soberanía del archipiélago de Chagos, incluido Diego García, donde funciona una base aérea conjunta con Estados Unidos considerada estratégica para operaciones en Oriente Medio, el sur de Asia y el este de África. El ministro de Asuntos Exteriores, Hamish Falconer, confirmó la suspensión ante la Cámara de los Comunes y señaló que el Ejecutivo mantiene conversaciones activas con Washington antes de reanudar el proceso.
“Tenemos un proceso en marcha en el Parlamento en relación con el tratado. Lo volveremos a presentar al Parlamento en el momento oportuno. Lo hemos suspendido para mantener conversaciones con nuestros pares estadounidenses”, dijo Falconer. Añadió que, aunque el respaldo inicial de la administración Trump al acuerdo no había cambiado formalmente, la postura posterior del presidente constituía un factor “muy significativo” que el Gobierno de Keir Starmer no podía obviar.
La declaración provocó confusión política: una fuente del Foreign Office informó a medios británicos que “no existe ninguna pausa” y que el Gobierno “nunca ha establecido un plazo”. No obstante, el proyecto de ley para incorporar el tratado al derecho interno no figura en la agenda de la Cámara de los Lores desde el 20 de enero y aún no se ha fijado una fecha para su siguiente trámite.
El telón de fondo inmediato es la intervención de Donald Trump. La semana pasada, el expresidente publicó en Truth Social que el acuerdo era “un acto de gran estupidez” y urgió a Starmer a no “entregar Diego García”, alegando que la base podría ser necesaria para una operación militar contra Irán y calificando el arrendamiento a 99 años de “tenso” e “inútil”. Esto contrastó con el respaldo oficial que, según el Gobierno británico, la propia administración estadounidense expresó en mayo de 2025, cuando el secretario de Estado Marco Rubio describió Diego García como “un activo crítico para la seguridad regional y global” y registró el apoyo del presidente.
El tratado, firmado por Londres y Port Louis el 22 de mayo de 2025, prevé la transferencia de soberanía sobre el archipiélago a Mauricio, mientras que el Reino Unido conservaría el control operativo de Diego García mediante un arrendamiento inicial de 99 años, prorrogable por otros 40. El coste estimado para el Tesoro británico es de una media de 101 millones de libras anuales en términos de 2025, alrededor de 3.400 millones de libras en total. El Gobierno de Starmer defiende el acuerdo como una necesidad jurídica y estratégica, aduciendo que desatender el dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia de 2019 —que declaró ilegal la administración británica del territorio— pondría en riesgo la continuidad de la base.
El archipiélago fue separado de Mauricio en 1965, cuando ésta aún era colonia británica, para crear el Territorio Británico del Océano Índico. Entre 1968 y 1973, alrededor de 1.500 habitantes fueron expulsados para permitir la instalación de la base en Diego García. Desde entonces, los chagossianos y sus descendientes han reclamado el derecho a regresar, una demanda que el acuerdo no satisface plenamente: prohíbe el retorno a Diego García de quienes nacieron allí y deja en manos de Mauricio las decisiones sobre el reasentamiento en las islas exteriores. Expertos de la ONU y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial han pedido que no se ratifique el tratado al considerar que vulnera los derechos de la comunidad chagossiana.
