Human Rights Watch (HRW) informó este jueves que 40 personas de etnia uigur, deportadas hace un año de Tailandia a China, permanecen en “paradero desconocido” tras la suspensión en junio pasado de las visitas periódicas que, según HRW, había prometido el gobierno tailandés.
Las autoridades de Bangkok deportaron el 27 de febrero de 2025 a 40 uigures que habían vivido cerca de una década en Tailandia, en el marco de un acuerdo con China. La decisión recibió críticas de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos.
HRW señaló que “subieron a 40 uigures a camiones con los cristales oscurecidos y los devolvieron por la fuerza a China”, y advirtió que el régimen chino se niega a informar sobre su destino o paradero, lo que la ONG considera una “desaparición forzada” conforme al derecho internacional.
La organización explicó que Tailandia suspendió en junio las audiencias periódicas destinadas a garantizar el bienestar de las personas deportadas; esas audiencias debían celebrarse en Xinjiang, región de origen de los uigures donde el acceso de la prensa internacional está severamente restringido.
La última visita oficial comunicada por Bangkok tuvo lugar en marzo pasado, cuando una delegación encabezada por los entonces ministros de Defensa y de Justicia visitó a 14 de los deportados.
La deportación se produjo en un contexto en el que Tailandia buscaba mejorar sus relaciones con China, tras tensiones vinculadas a la proliferación de centros de estafa en la frontera con Myanmar que afectaron al turismo chino, un sector clave para la economía tailandesa.
HRW indicó que las autoridades describieron los retornos como “reunificaciones familiares”, pero los familiares en el extranjero no han recibido noticias desde la deportación y no se permitió el acceso a observadores independientes ni a expertos de Naciones Unidas.
En la última década, países como Egipto, Camboya, Malasia, Marruecos, Arabia Saudita, Tayikistán y Turquía también han deportado uigures, según HRW, que reclama a gobiernos y al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) su reconocimiento como refugiados.
Varias organizaciones acusan al Gobierno chino de detener a miles de uigures en centros de “reeducación” en Xinjiang. Por su parte, Beijing atribuye a grupos independentistas uigures una serie de atentados en su territorio.
Naciones Unidas advirtió sobre riesgos de asimilación cultural forzada para niños uigures y otras minorías musulmanas del noroeste de China, un fenómeno que diversas ONG han descrito como un intento de “genocidio cultural”.
HRW denunció el 4 de febrero que las autoridades chinas “niegan sistemáticamente” las libertades de expresión y asociación, persiguen a críticos del Gobierno y del Partido Comunista mediante la censura y emplean el sistema legal para reprimir disidencia.
La organización también advirtió que Pekín mantiene un estricto control sobre la libertad religiosa, limitando el ejercicio oficial a cinco credos reconocidos y reprimiendo a comunidades no registradas, como congregaciones católicas y protestantes que rechazan integrarse en iglesias controladas por el Estado.
HRW señaló además que persiste la discriminación contra mujeres y niñas, en un contexto en el que las autoridades intensifican la presión para promover modelos familiares tradicionales ante la caída de la natalidad.
(Con información de EFE)
