La Comisión Internacional Independiente de Investigación para Ucrania de la ONU concluye que el traslado forzoso de miles de niños ucranianos a zonas ocupadas por Rusia y a numerosas divisiones administrativas rusas —incluidas áreas del Ártico y Siberia— constituye un crimen contra la humanidad.
El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documenta pruebas de al menos 1.205 traslados o deportaciones de menores de entre 11 meses y 17 años, de los cuales alrededor del 80% no han regresado a Ucrania.
En informes previos la comisión presidida por el noruego Erik Mose había calificado estos movimientos como crímenes de guerra; en esta entrega eleva la calificación a crímenes contra la humanidad al considerar que las acciones fueron extensas y sistemáticas.
El informe atribuye la coordinación de los métodos prácticos para realizar estas deportaciones y traslados a autoridades rusas de alto nivel, incluido el presidente (Vladímir) Putin, y a entidades que responden directamente ante ellas.
Según los datos de la comisión, de los 1.205 casos confirmados al menos 995 corresponden a menores trasladados por la fuerza desde instituciones situadas en las zonas ocupadas de Lugansk y Donetsk hacia territorio ruso poco después de la invasión a gran escala iniciada en febrero de 2022.
Los niños procedían de cinco ciudades ucranianas —Donetsk, Lugansk, Mikolaiv, Jersón y Járkov— y las autoridades rusas justificaron los traslados como evacuaciones destinadas a garantizar la seguridad de los menores.
La comisión señala, sin embargo, que muchos de esos movimientos no fueron temporales como cabría esperar en una evacuación; por el contrario, las autoridades rusas a nivel superior coordinaron medidas para facilitar la estancia prolongada de los menores en Rusia.
La mayoría de los niños fueron entregados en adopción o ingresados en instituciones en al menos 21 divisiones administrativas rusas, incluyendo regiones cercanas al Ártico (Murmansk, Yamalo-Nenets) y zonas de Siberia (Tyumen, Omsk, Novosibirsk).
Los investigadores de la ONU también denuncian que en la mayoría de los casos las autoridades rusas no informaron a los padres, tutores, familiares ni a las autoridades ucranianas sobre estos traslados.
Estas circunstancias y el carácter coercitivo de muchos de los traslados llevan a la comisión a considerar que los menores han sido víctimas de desaparición forzada, lo que refuerza la conclusión de que se han cometido crímenes contra la humanidad.
(con información de EFE)
