El Gobierno nacional dispuso una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días para relevar documentación y revisar balances, contratos y operaciones financieras de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. La medida fue adoptada por el Ministerio de Justicia tras un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía reclamando información contable y administrativa.
Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, con acceso a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales. Deberán elaborar un informe final, aunque podrán presentar reportes parciales si identifican situaciones urgentes.
Entre los aspectos a analizar están los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025; el cumplimiento del depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales; la documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA); y las relaciones comerciales con empresas y personas en observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
La resolución se fundamenta en objeciones previas de la IGJ, que afirmó que la AFA no entregó la información requerida sobre el ejercicio 2025 y sobre la UNAFA, y cuestionó un intento de fijar el domicilio en la provincia de Buenos Aires, calificándolo como “ficticio” y sosteniendo que la asociación permanece bajo la jurisdicción de la IGJ.
La conducción de la AFA rechazó la veeduría, la calificó de “ilegítima”, negó irregularidades en la presentación de balances y anticipó que buscará frenar cualquier avance por la vía judicial. La veeduría no equivale a una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano de la entidad, pero implica el inicio de una auditoría formal cuyo resultado podría derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o un agravamiento del conflicto en sede judicial.
