El conflicto político en San Isidro registró un nuevo episodio de tensión tras decisiones del Concejo Deliberante que derivaron en una protesta en el edificio municipal y un fuerte cruce entre el oficialismo local y un sector del peronismo vinculado a Andrés Larroque (MDF).
El desencadenante fue el recorte de contratos de asesores en el ámbito legislativo, una medida que afectó principalmente a la bancada opositora y que fue interpretada por ese espacio como un intento de disciplinamiento político. Sus representantes denunciaron presiones, persecución y hostigamiento en un contexto de relaciones ya deterioradas con las autoridades del Concejo.
Durante la tarde, un grupo de militantes y dirigentes de ese sector, entre ellos la concejala Manuela Schuppisser y el dirigente Marcos Cianni, trasladó la protesta al edificio municipal y ocupó el hall que antecede a la oficina privada del intendente, permaneciendo allí varias horas.
La situación motivó un despliegue de seguridad con presencia de agentes municipales y policías. Hubo versiones enfrentadas sobre lo sucedido: desde el peronismo hablaron de empujones, agresiones y restricciones a la libre circulación; desde el oficialismo definieron la acción como una medida de presión política y relativizaron los hechos de violencia.
El episodio se inscribe en una escalada de tensiones que ya había incluido protestas durante la apertura de sesiones del Concejo y disputas por la conformación de comisiones legislativas.
Desde el entorno del intendente afirmaron que no cederán ante esas acciones y enmarcaron el conflicto como una interna del peronismo. Los opositores sostuvieron que las decisiones fueron “arbitrarias” y que perjudican el funcionamiento institucional y la actividad política en el distrito.
Tras varias horas de ocupación, los manifestantes se retiraron en la madrugada sin que se registraran detenciones. El episodio dejó en evidencia la profundidad del enfrentamiento político en San Isidro y anticipa posibles nuevos capítulos en la disputa.
