La audiencia pública por la modificación de la ley de Glaciares comenzó con la presentación de una impugnación por parte de diputados de la oposición, que alegan que no se respetó la normativa que garantiza la participación de la sociedad civil en las sesiones de la Cámara de Diputados.
La impugnación, firmada por los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías, sostiene que las audiencias son “inválidas por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”.
La presentación dirigida al presidente de la Cámara, Martín Menem, recibió una respuesta del diputado Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien dijo que la impugnación “se le dará curso por los canales administrativos”, que las presentaciones judiciales habían sido rechazadas y que no leería la impugnación ni los fallos judiciales en el recinto.
El argumento de Mayoraz generó controversia porque, según críticos, no existe un canal administrativo claramente establecido para tramitar esa impugnación, lo que abrió el primer conflicto de la jornada.
Un segundo conflicto surgió por el tiempo de exposición: el plenario de comisiones había fijado intervenciones de cinco minutos, pero los oradores que efectivamente ingresaron al recinto se encontraron con un tope de cuatro minutos, lo que motivó reclamos de expositores y legisladores de la oposición.
Durante la primera hora de la audiencia, mientras se desarrollaban las exposiciones autorizadas —en un procedimiento en el que se anotaron más de 120.000 personas y se permitió la presencia de alrededor de 200 expositores— diputados del peronismo interrumpieron la sesión para denunciar que la seguridad del edificio impedía el ingreso de quienes estaban registrados. Tras varios minutos de discusión, Mayoraz se retiró del recinto para coordinar con legisladores y permitir el acceso de quienes estaban anotados para hablar.
La mayoría de los expositores se manifestaron en contra de la modificación de la ley, cuestionaron la limitación de la participación de los más de 120.000 inscriptos y anunciaron su intención de impugnar judicialmente la iniciativa. En sus intervenciones, varios oradores acusaron a diputados del oficialismo de reaccionar con desdén ante las exposiciones.
Entre los oradores a favor del proyecto de La Libertad Avanza estuvo el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, quien expresó que en su provincia el problema no proviene de la minería sino de la falta de mantenimiento de obras de riego en las últimas dos décadas, una postura que fue abucheada por algunos asistentes y aplaudida por bancadas oficialistas. Durante su intervención excedió el tiempo asignado y fue interrumpido por reclamos de la oposición.
En el bloque de quienes se oponen, la intervención más destacada fue la de Marta Maffei, ex diputada del ARI y autora de la ley original de Glaciares. Maffei afirmó que el proyecto aprobado por el Senado deroga elementos centrales de la normativa vigente y omite los resguardos legales y constitucionales establecidos. Calificó la audiencia como “profundamente ilegítima” y señaló que su presencia no valida el procedimiento, reservándose el derecho a iniciar acciones legales.
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, también expuso y manifestó su preocupación por el agua, señalando que no debe ser tratada como una mercancía sino como un derecho de la población.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y abogado especializado en derecho ambiental, cuestionó la legalidad de la audiencia por incumplimientos procedimentales y advirtió que la reforma no brindará seguridad jurídica, por lo que prevé numerosas demandas. Recordó los fallos que sostienen la vigencia de la ley actual y afirmó que la normativa “no necesita modificarse ni interpretarse, necesita ser cumplida”.
El abogado Enrique Viale mencionó empresas que, según su criterio, se verían favorecidas por la modificación —citó a Vicuña, Barrick Gold y Glencore— y anunció su intención de denunciar a la senadora Flavia Royón por presunta incompatibilidad con la función pública y cohecho, acusándola de supuestos vínculos con la minera Río Tinto y sosteniendo que “no representa a Salta, representa a las mineras”.
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