El Concejo Deliberante de Pilar solicitó formalmente información al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación por la suspensión de alrededor de 300 trabajadores de Granja Tres Arroyos, según un proyecto de resolución presentado por el bloque Fuerza Patria.
A fines de julio la empresa informó que suspendería toda la actividad en su planta de Pinazo durante agosto; la medida, acordada con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), incluye el pago parcial de los salarios.
Impacto en unas 300 familias
El proyecto manifiesta la preocupación de los concejales del oficialismo, que señalan que la medida perjudica de forma directa a cerca de 300 familias del distrito.
El texto de la resolución aprobado en la sesión indica que la caída de ingresos de los trabajadores “repercute no sólo sobre la economía de cada hogar, sino también sobre el comercio, los servicios y la actividad económica del distrito”.
Desde Fuerza Patria destacaron que la preservación del empleo es una prioridad para el desarrollo económico y social de Pilar y que el Concejo no puede permanecer indiferente ante situaciones que comprometen el empleo y la producción local, por tratarse de un asunto de interés público para la comunidad.
Seguimiento, fiscalización y diálogo
El artículo central del proyecto solicita a ambas carteras laborales que informen sobre las acciones de seguimiento, fiscalización y las gestiones de conciliación que estén llevando adelante respecto de la situación de los trabajadores de la planta de Pinazo.
La suspensión que motivó el pedido
La empresa comunicó la medida a fines de julio; rige desde el 3 hasta el 30 de agosto y supone la paralización de la actividad operativa y de faena en la planta. Según fuentes consultadas, los trabajadores recibirán durante ese período un porcentaje de su salario, en un acuerdo con el sindicato destinado a evitar medidas más gravosas como las aplicadas en otra planta del mismo grupo empresario.
Además de la suspensión, la compañía arrastra una deuda salarial que, según trabajadores consultados, supera los dos meses, además de un aguinaldo pendiente. El conflicto se remonta a fines de 2024, cuando la firma inició un procedimiento preventivo de crisis vinculado a la caída de las exportaciones tras el cierre del mercado chino por un brote de gripe aviar.
A quién se dirige la resolución
El proyecto dispone además que se remita copia de la resolución al Ministerio de Trabajo bonaerense, a la Secretaría de Trabajo nacional, al STIA y a la empresa Granja Tres Arroyos, para que las cuatro partes involucradas tomen conocimiento formal de la postura del Concejo Deliberante.
