El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Moreno declaró por unanimidad la emergencia presupuestaria y salarial de la institución, ante la caída de los recursos asignados. Las autoridades solicitaron al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada por el Congreso en octubre de 2025.
Un análisis interno concluyó que la partida asignada fue un 15% inferior a la solicitada ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, lo que afectó de manera directa el funcionamiento cotidiano de la universidad.
La universidad explicó que no se trata de un problema nuevo: la situación se agravó desde 2024. En 2025, los gastos de funcionamiento pagados superaron en un 36% los fondos transferidos por el Gobierno nacional, por lo que la UNM debió cubrir esa diferencia a costa de otras funciones y actividades importantes.
El desfase financiero se acentuó en los últimos años. En un periodo de dos años, la institución recibió cerca de un 50% menos de los fondos previstos, en un contexto de aumento significativo de costos. Entre ellos, los servicios básicos, como la electricidad, registraron incrementos que presionaron aún más el presupuesto.
Asimismo se observó un deterioro de los ingresos del personal: los salarios docentes y nodocentes sufrieron una pérdida real cercana al 50% desde diciembre de 2023, por la inflación y la falta de actualizaciones salariales. Hoy, un docente que inicia su carrera con dedicación simple percibe un ingreso inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil, una situación que la universidad considera incompatible con las responsabilidades del ejercicio profesional.
El recorte también impactó a los estudiantes: las becas vigentes están desactualizadas y sus montos resultan insuficientes para cumplir su función de inclusión educativa.
La universidad advirtió además consecuencias en su desarrollo académico: la falta de recursos dificulta que la infraestructura acompañe la expansión de la oferta educativa en todos los niveles y se registró un fuerte ajuste de los fondos destinados a proyectos de investigación, ciencia y tecnología y extensión universitaria.
En conjunto, la falta de financiamiento, la caída salarial y la restricción de la expansión académica dejaron a la institución en un escenario crítico y reavivaron el reclamo que tensiona la relación entre las universidades públicas y el Gobierno nacional.
