Un fallo del Juzgado Federal N° 2 de San Martín detuvo parcialmente la reforma laboral promovida por el Gobierno y aseguró la continuidad de los convenios colectivos del sector mercantil, con efectos directos sobre las condiciones laborales de miles de trabajadores.
La resolución aceptó una medida cautelar presentada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y suspendió por seis meses la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802.
Qué implica el fallo
La sentencia ordena al Estado Nacional abstenerse de implementar modificaciones que afectaran la llamada “ultraactividad” de los convenios colectivos —su continuidad después de vencidos— y aquellas que imponían límites a las contribuciones sindicales.
Con esta decisión, la Justicia confirmó la vigencia plena del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y de los acuerdos derivados, garantizando la preservación de las condiciones laborales, beneficios y derechos adquiridos por los trabajadores del sector.
Asimismo, el fallo dispone que las empresas continúen reteniendo y depositando las contribuciones solidarias establecidas, un elemento central para el financiamiento de las estructuras gremiales.
Impacto en el sistema sindical
Desde FAECYS señalaron que la medida es clave para evitar el desfinanciamiento de los sindicatos, lo que podría haber comprometido servicios esenciales como la cobertura de salud provista por la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), además de programas de capacitación y asistencia.
En ese sentido, el secretario general del gremio, Armando Cavalieri, sostuvo que el fallo “defiende la dignidad de los trabajadores” y cuestionó los cambios propuestos por el Gobierno: “No vamos a permitir que, bajo la excusa de una modernización, se recorten derechos históricos”, afirmó.
Un fallo con impacto político
La resolución abre un frente de tensión en torno a la reforma laboral, uno de los ejes centrales de la política económica del gobierno de Javier Milei.
Aunque la medida es provisoria, establece un precedente relevante y deja en suspenso la aplicación de aspectos clave de la normativa, en un contexto de fuerte disputa entre el Ejecutivo y los sindicatos sobre el rumbo del mercado laboral en la Argentina.
