El Gobierno argentino avanzará en las próximas horas con la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” y su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida con efectos directos en los ámbitos judicial, diplomático y de seguridad.
La inclusión en el RePET implicará, entre otras consecuencias, el congelamiento de activos vinculados a la organización, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la posibilidad de profundizar investigaciones sobre eventuales conexiones locales. También facilitará la cooperación internacional en materia de inteligencia.
La decisión del Gobierno se enmarca en dos factores principales: la escalada militar en Medio Oriente, con enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel; y la trayectoria reciente de Argentina, marcada por atentados que la Justicia relacionó con estructuras vinculadas al régimen iraní.
El antecedente más relevante son los ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la AMIA, que causaron más de un centenar de víctimas y constituyen los hechos de mayor impacto terrorista en el país. En esas causas, la Justicia argentina identificó responsabilidades que apuntan a altos funcionarios iraníes y a la intervención operativa de Hezbolá.
Las pesquisas judiciales sostienen que las decisiones y la planificación se originaron en niveles superiores del poder iraní, con la participación de organismos de seguridad e inteligencia. En ese entramado, la Guardia Revolucionaria aparece como un actor central en la proyección exterior del régimen.
Por eso, la medida no se percibe únicamente como un alineamiento con posiciones externas, sino también como una respuesta vinculada a causas judiciales abiertas en Argentina y a reclamos de justicia pendientes desde hace décadas.
La Guardia Revolucionaria, creada en 1979 tras la revolución islámica, evolucionó hasta constituir una estructura paralela a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y peso en las decisiones estratégicas del país.
Además de su capacidad militar, la Guardia participa en sectores económicos clave, lo que le otorga recursos para financiar actividades y consolidar su influencia dentro del sistema político iraní.
En el exterior, su unidad más destacada es la Fuerza Quds, responsable de coordinar operaciones fuera de Irán y de articular vínculos con milicias y grupos armados en la región.
Ese despliegue internacional es uno de los argumentos que han llevado a varios países a incluir a la Guardia en listas de organizaciones vinculadas al terrorismo. Estados Unidos la declaró organización terrorista en 2019, un precedente relevante por involucrar a una estructura estatal.
En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria se consolidó como el principal instrumento de la respuesta iraní frente a acciones de Estados Unidos e Israel, coordinando ataques con misiles y drones que incrementaron su protagonismo en la escalada regional.
La dinámica de la confrontación también impactó en su cúpula: ataques selectivos contra líderes derivaron en cambios internos y en una mayor centralidad de la institución dentro del régimen.
En este contexto, la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA, vuelve a cobrar relevancia y refuerza el vínculo entre esa estructura y las causas judiciales argentinas.
Impacto de la medida en la política y la seguridad argentinas
Operativamente, la inscripción en el RePET permitirá avanzar sobre circuitos financieros, detectar y bloquear activos vinculados a la organización en el país, y ampliar el monitoreo de posibles conexiones locales por parte de los organismos de seguridad.
La medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para endurecer su política frente al terrorismo internacional, procurando adecuarse a estándares y mecanismos de cooperación internacionales.
En la esfera local, la decisión tiene una dimensión particular por la persistencia de las investigaciones sobre los atentados históricos: sitúa a la Guardia Revolucionaria —directa o indirectamente— en el centro de un entramado de responsabilidades que la Justicia y la sociedad argentina aún intentan esclarecer.
