31 de marzo 2026 – 20:47
El deterioro del crédito se aceleró y está afectando con mayor intensidad a los sectores más vulnerables. Esta tendencia se explica por la combinación de salarios rezagados, empleo inestable y un acceso más amplio al financiamiento, que aumenta la exposición al riesgo cuando no se acompaña de capacidad de repago.
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A nivel nacional, la morosidad entre los jóvenes de 18 a 21 años llegó al 37,2% en enero, más del doble respecto del mismo mes del año anterior. En el caso de los adultos mayores, la tasa casi se cuadruplicó frente a enero de 2025 (2,21%), superando el 8%. Aunque el porcentaje entre los mayores sigue siendo bajo en términos absolutos, su crecimiento acelerado resulta preocupante.
El endeudamiento familiar refleja un panorama económico más complejo: los ingresos reales pierden frente a la inflación y el mercado laboral muestra signos de fragilidad. Al mismo tiempo, el crédito, sobre todo el de corto plazo, se expandió rápidamente, lo que incrementó la vulnerabilidad financiera de los hogares.
En los jóvenes, el incremento del crédito digital juega un papel central. La mora en las fintech es más alta que en los bancos (42,2% frente a 34,3%), lo que indica que un acceso más flexible al financiamiento no siempre se traduce en capacidad para pagar. Entre los adultos mayores, el financiamiento vía fintech también evidencia niveles de impago superiores (18% frente a 6,8%).
Con jóvenes que ingresan al sistema financiero en condiciones precarias y jubilados que recurren al endeudamiento para complementar ingresos insuficientes, la distribución social del crédito muestra mayores tensiones.
Salarios en tensión y consumo en retroceso
El problema tiene un trasfondo estructural: los salarios reales acumulan caídas generalizadas desde la asunción del gobierno actual, y las jubilaciones, especialmente las mínimas, también registran pérdidas. El bono de las mínimas permanece congelado desde marzo de 2024, hace dos años, lo que agrava la situación de los beneficiarios más vulnerables.
Los trabajadores registrados del sector privado fueron los que menos perdieron poder adquisitivo: desde noviembre de 2023 sus ingresos reales cayeron un 2,3% hasta enero. En cambio, los empleados públicos registraron una caída mucho mayor, del 17,9% real, y los trabajadores informales también muestran un deterioro marcado en su poder de compra.
