La Justicia imputó a 18 personas que, según la investigación, integraban una estructura dedicada a la venta de drogas al menudeo en el barrio San Francisquito de Rosario. El presunto jefe está preso en Mendoza y la pesquisa apunta a vínculos con miembros de la Policía. La fiscalía describe al grupo como una “pyme” narco con roles definidos que cometía balaceras, extorsiones y usaba información privilegiada para eludir investigaciones.
La investigación comenzó tras una serie de ataques armados y mensajes extorsivos dejados en los lugares de actuación. El hecho inicial fue un tiroteo contra un quiosco del barrio Triángulo, en el que dos personas en bicicleta efectuaron disparos y dejaron una nota exigiendo el pago de una supuesta deuda, bajo amenaza de matar a un empleado. Los ataques continuaron, lo que motivó a los fiscales Alejandro Ferlazzo e Ignacio Hueso a profundizar la pesquisa, que terminó con la imputación de la estructura completa.
Los fiscales señalaron como cabecilla a un sujeto conocido como “Gordo” Acosta, detenido en el Complejo 6 de Luján de Cuyo, Mendoza. Según la acusación, desde esa unidad carcelaria coordinaba la red a través de allegados que transmitían órdenes y gestionaban la logística del negocio ilegal. En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal, la jueza María de los Ángeles Granato dictó prisión preventiva por dos años para todos los imputados.
La organización, según la acusación, funcionaba al menos desde octubre del año anterior. El punto central de venta operaba en la confluencia de tres pasillos con accesos por Amenábar al 3900, Alsina al 2900 y Lavalle a la misma altura, además de sectores próximos al mercado de concentración de 27 de Febrero y Castellanos. La pesquisa indica que la actividad se veía favorecida por contactos en la fuerza policial que les proporcionaban información sobre investigaciones y posibles allanamientos.
Una de las intimidaciones más visibles fue el ataque del 13 de noviembre a un quiosco de Espinillo al 3600, en el que se disparó con una pistola 9 mm y se dejó una nota. Esa misma noche hubo otro ataque a una distribuidora de Avellaneda al 3200. El análisis de las vainas secuestradas en ambos hechos permitió identificar tres armas vinculadas a al menos veinte hechos similares. Intervenciones telefónicas contribuyeron a aclarar roles y miembros, lo que derivó en allanamientos realizados por la Policía Federal en febrero y marzo.
Entre los principales organizadores figura un individuo señalado por su vínculo directo con el jefe y por el traslado de droga al barrio. M. A. R., según sus iniciales, también fue imputado como partícipe secundario del homicidio de Héctor Gaitán, ocurrido durante el balotaje presidencial de 2023. Gaitán fue secuestrado y asesinado con dos disparos; su cuerpo apareció con un cartel intimidatorio y entre sus pertenencias había una nota que decía: “Si gana Milei van aver mas muertos. Para buenos entendedor pocas palabras”. Por ese crimen están imputadas tres personas y Roulin fue señalado como quien recibió el auto utilizado en el hecho.
Además de M. A. R., los fiscales identificaron como organizadores a M. P. A., hermana del presunto jefe; a L. A., a quien le incautaron cocaína; y a L. B., alias ‘Chili’, cuñado del líder y detenido por portación de arma. La investigación determinó que la droga se almacenaba en el domicilio del jefe y era distribuida por estos organizadores en distintos puntos de venta del barrio.
Como miembros de la asociación ilícita y acusados de comercialización de estupefacientes agravada fueron imputados D. A., M. M., G. M., F. P., F. P., J. P., D. P., A. P., Y. C. y S. A. A cada uno se le atribuyen tareas vinculadas a la operación del negocio.
Por el mismo delito, pero en calidad de partícipes primarios, fueron implicados P. A., R. S. y Z. E., entre hombres y mujeres. A todos los imputados se les asignaron funciones como la administración de búnkers, la venta al público, el fraccionamiento de dosis, el resguardo de sustancias y la vigilancia del área.
