En América Latina, la digitalización aceleró la entrega habitual de datos personales sin que se haya desarrollado una cultura sólida de protección y límites. Fabián A. Gamba Sánchez, líder del Observatorio de Humanismo Digital —un centro en ética y gobernanza tecnológica impulsado por la Fundación Universitaria del área Andina (Areandina) en Colombia— dijo que esa normalización deteriora no solo la privacidad sino también la autonomía: “Seguimos entregando información como quien paga un peaje para estudiar, comprar o registrarse”.
Según el vocero, los $5.157 millones en multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio en 2025 por violaciones al régimen de datos personales no son solo una estadística, sino la evidencia de una aceptación social de prácticas riesgosas. Colombia digitalizó sus rutinas más rápido de lo que aprendió a poner barreras, lo que implica pérdida de privacidad y, con ello, una merma real en la dignidad y el autogobierno de las personas.
Desde el Observatorio de Humanismo Digital, Gamba Sánchez sostiene que el reto no es únicamente tecnológico: debe atenderse a los efectos sobre cada individuo cuando se normaliza la exposición y el registro continuo como condición para acceder a formación, consumo o empleo.
El especialista explicó que el problema central no es tanto el uso de las herramientas digitales como la enseñanza social de que conectarse equivale a exponerse. Esa naturalización convierte la entrega de datos —teléfono, correo, identificación o biometría— en un requisito aceptado sin cuestionamiento, debilitando la capacidad de oponer límites o exigir mayor control sobre su uso.
La privacidad es una condición de la dignidad y no un lujo
La privacidad debe entenderse no como un privilegio individual sino como un fundamento de la dignidad y del ejercicio del autogobierno. Amparado en la Constitución colombiana y en la Ley 1581 de 2012, el directivo recordó que existen derechos formales como consulta, rectificación, revocatoria de autorizaciones y supresión de datos, cuyo ejercicio no depende de “tener algo que ocultar”.
En ese sentido, el debate sobre la protección de datos personales en Colombia va más allá de lo jurídico o técnico y apunta a preservar el margen de acción individual frente a sistemas que registran, cruzan y conservan información. La entrega irreflexiva de datos erosiona la autonomía porque los datos no solo describen, sino que también clasifican y construyen reputaciones, inferencias, etiquetas y jerarquías sociales.
Si terceros deciden “qué saben de mí, por cuánto tiempo lo guardan, con quién lo comparten y para qué lo usan”, el control sobre la propia vida se reduce. El problema es especialmente grave cuando la circulación y la interpretación de esos datos generan nuevos perfiles o restricciones que afectan las oportunidades de las personas.
Ejercer los derechos de datos requiere acciones cotidianas de ciudadanía
Poner límites a la circulación de la información personal es una manifestación concreta de ciudadanía y del ejercicio de los derechos en materia de datos. Ejemplos cotidianos lo ilustran: un estudiante entrega cédula y teléfono para una actividad y luego descubre que sus datos circulan en grupos de WhatsApp o se usan en llamadas comerciales inesperadas. En el ámbito laboral, a menudo se solicitan datos sensibles bajo pretextos de seguridad o verificación sin una justificación proporcional, exponiendo innecesariamente a las personas.
Para Gamba Sánchez, no hace falta ser experto en derecho para reclamar el habeas data, pero sí es esencial adoptar una actitud activa: preguntar qué datos se solicitan, para qué se usarán y cuánto tiempo se almacenarán, y exigir políticas claras sobre su tratamiento.
Por eso se aconseja solicitar la política de tratamiento de datos y atender cuatro aspectos centrales: qué datos se recolectan, con qué finalidad, con quién se comparten y cuáles son los canales para ejercer los derechos del titular.
La inteligencia artificial acelera el debate sobre inferencias y perfiles
El avance de la inteligencia artificial ha intensificado la urgencia de este debate en Colombia, en otros países de Latinoamérica y en España. La cuestión ya no es solo almacenar información, sino producir inferencias: el cruce de rastros y la construcción algorítmica de perfiles aumentan el riesgo de que las personas sean reducidas a puntajes o categorías automatizadas.
En última instancia, el dato no debe entenderse como un peaje para entrar al mundo digital. Es parte de la persona y su gestión exige límites razonables y vigilancia cotidiana. La conciencia sobre qué datos se entregan y la exigencia de políticas claras son esenciales para quienes, en Colombia, Latinoamérica o España, buscan proteger su autonomía en entornos digitales cada vez más intrusivos.
