En la privatización de corredores viales impulsada por el gobierno de Javier Milei, la empresa estatal bonaerense Aubasa se posicionó como oferente para la concesión de la autopista Ricchieri–Ezeiza–Cañuelas y otros tramos nacionales, y al mismo tiempo denunció irregularidades en el proceso licitatorio a nivel nacional.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, informó que la Provincia envió una nota al Ministerio de Economía solicitando la intervención de la Defensoría del Pueblo nacional y provincial para supervisar la concesión de rutas. Según explicó, la finalidad es garantizar plena transparencia ante cambios sustanciales introducidos a último momento en los pliegos.
Katopodis pidió que las defensorías actúen como veedoras y participen de todo el proceso de selección. Señaló que, a pocos días del cierre de ofertas, se modificaron decenas de artículos del pliego, alterando las condiciones originales y, a juicio de la Provincia, desvirtuando la competencia y generando sospechas sobre posibles arbitrariedades en la adjudicación.
La solicitud se fundamenta en que las autoridades nacionales cambiaron 33 artículos del pliego una semana antes de que venciera el plazo para presentar ofertas. El ministro afirmó que esos cambios, realizados con la contratación ya iniciada, perjudican la transparencia y la equidad del proceso.
El tema es sensible para el gobierno de Axel Kicillof porque la Provincia se postuló para administrar tres tramos de rutas nacionales, que incluyen autopistas y corredores estratégicos como la Ricchieri y las rutas 226, 3 y 205.
Aubasa formalizó su participación tras verificar que los pliegos no contenían una cláusula que prohibiera expresamente la participación de empresas estatales. En estos momentos se evalúan las ofertas presentadas y al menos diez postulantes están en condiciones de resultar adjudicatarios.
Katopodis defendió el desempeño de Aubasa, que describió como una empresa con superávit y con estándares de servicio demostrables en corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata y la Ruta 2. También advirtió sobre la posibilidad de que la actual administración busque beneficios particulares al adjudicar estas concesiones.
El ministro sostuvo además que el esquema licitatorio podría responder a un modelo que prioriza aumentar la recaudación mediante peajes más altos y nuevos puntos de cobro, y contrastó eso con el modelo de Aubasa, que según afirmó reinvierte la totalidad de sus ingresos en obras y mantenimiento.
Licitación para concesionar y mantener rutas nacionales
A fines del año pasado, en el marco del avance de la Red Federal de Concesiones (RFC), el Gobierno nacional convocó a licitación pública para la Etapa II del proyecto, que contempla la concesión de casi 1.900 kilómetros y forma parte de un plan que podría alcanzar la privatización de alrededor de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución 1843/2025, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a tramos que atraviesan la provincia de Buenos Aires, entre ellos las rutas 3, 5, 226 y 205. La licitación, de carácter nacional e internacional, se orienta a la construcción, explotación, administración y mantenimiento de esos corredores.
En ese marco, a principios de marzo Autopistas de Buenos Aires S.A. presentó una oferta para los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, que incluyen la autopista Ricchieri, el corredor Ezeiza–Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226.
