La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por una maniobra divulgada por un consorcio internacional de periodistas que denuncia una supuesta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero destinada a desprestigiar al gobierno argentino mediante el uso de contenidos publicados en medios locales.
Según ADEPA, si se confirman estos hechos, constituirían una forma inaceptable de injerencia externa y un intento de manipular el debate público bajo la apariencia de información profesional. La organización advirtió que este tipo de operaciones no solo distorsionan el rol del periodismo basado en la búsqueda y verificación de hechos, sino que también pueden erosionar la confianza de la sociedad en los medios.
La entidad pidió evitar generalizaciones que pongan en duda de manera infundada el ejercicio profesional del periodismo y exhortó a los medios a reforzar sus procesos de verificación y control sobre el origen de la información publicada. ADEPA enfatizó que mejorar esos mecanismos es fundamental para preservar la calidad periodística y la credibilidad social.
Por último, la asociación solicitó que la investigación en curso se profundice y que las autoridades competentes adopten medidas para prevenir la repetición de este tipo de prácticas.
De qué se trata la supuesta campaña rusa
Según la denuncia presentada por el abogado Jorge Monastersky ante la Justicia, el financiamiento de las operaciones de desinformación atribuidas al régimen ruso habría implicado un desembolso superior a USD 283.000 destinado a más de 250 publicaciones en 23 medios digitales locales. Monastersky advirtió que este esquema podría alterar la formación de la voluntad del electorado y afectar la integridad del sistema democrático argentino, sobre todo en contextos electorales.
La acusación, presentada como una “averiguación de ilícito”, solicita que se determine si las prácticas denunciadas constituyen delitos tipificados en la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional o si configuran atentados contra el orden constitucional. El letrado afirmó que la maniobra involucraría alrededor de 25 medios y un volumen de publicaciones sin precedentes en el país: “La magnitud de tantos medios, tantos periodistas y tantas notas, nunca vi un antecedente en la República Argentina y me animo a decir en la región”, precisó Monastersky.
La investigación impulsada por Monastersky cuenta con el respaldo de un consorcio de periodistas de diversas orientaciones ideológicas, lo que, según el denunciante, aporta credibilidad al caso. “Le da verosimilitud. No estamos hablando de medios afines al gobierno los que están planteando que habría existido esta situación de una infiltración de información a pedido de Rusia para desestabilizar a Javier Milei. El consorcio es completamente pluriideológico”, subrayó.
En el texto de la denuncia se sostiene que la posible inserción de operaciones coordinadas con financiamiento extranjero podría afectar directamente la transparencia del debate público. El documento destaca la necesidad de que la justicia individualice conductas y establezca responsabilidades, dado que tanto periodistas como medios podrían haber sido engañados respecto al origen o a los fines del material difundido.
Monastersky insistió en la distinción entre el papel legítimo del periodismo y la figura del operador que se hace pasar por periodista: “Hay que ser prudentes. Una cosa son los medios de comunicación y otra cosa son los periodistas, y otra cosa son los operadores disfrazados de periodistas”, señaló en una entrevista.
La investigación solicitó al juzgado que remita el expediente al Ministerio Público Fiscal para que impulsen la acción penal, evaluando la posible aplicación de la normativa de inteligencia. El abogado aclaró que la denuncia no tipifica provisionalmente los hechos para no forzar una calificación penal y remarcó la urgencia de actuar con celeridad para preservar las pruebas.
