En 2026, en Argentina se abrió la posibilidad inquietante de que personas consumieran medicamentos pertenecientes a los botiquines de anestesistas. Tres causas penales en trámite en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires describen distintos aspectos de ese fenómeno.
El Ministerio Público Fiscal difundió el resultado de la autopsia del enfermero Eduardo Bentancourt, hallado muerto en su departamento de la calle Oro, en Palermo, la semana anterior. En el lugar se encontraron algo más de 50 frascos de distintas sustancias, entre ellas propofol y fentanilo. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”. Además se halló una jeringa con tres ampollas usadas en la cocina y una marca de inyección en el pliegue del codo derecho.
Si una posible inyección de anestesia fue la causa directa del deceso deberá aclararlo la pericia toxicológica del Cuerpo Médico Forense, cuyos resultados pueden tardar semanas. El expediente está a cargo del fiscal Carlos Vasser.
¿Qué pasa con las “propofest”?
La noticia de la muerte de Bentancourt reavivó la atención sobre la investigación de la muerte del residente médico Alejandro Zalazar, relacionadas con frascos de anestésicos supuestamente sustraídos del Hospital Italiano. Ese expediente lo instruye el fiscal Eduardo Cubría.
Paralelamente, el presunto hurto en el Hospital Italiano llevó a la imputación y allanamiento del anestesista Hernán Boveri y de la residente Delfina Lanusse, conocida como “Fini”, en una causa a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento y del fiscal Lucio Herrera.
En el centro de la discusión están las sospechas sobre las llamadas “propofest”, supuestas reuniones donde se consumía propofol para provocar “viajes controlados”. Boveri y Lanusse fueron allanados e indagados por el hurto de fármacos en el Hospital Italiano; en esa causa no se menciona el posible uso de fentanilo.
La ley argentina no considera al propofol una sustancia ilegal, por lo que el sistema penal no lo investiga como droga de estupefacientes. Por ahora, la causa contra Boveri y Lanusse apunta únicamente al hurto en el Hospital Italiano; si no se los vincula con las muertes de Zalazar y Bentancourt u otros daños denunciados, es improbable que se abra otra investigación penal por consumo de propofol.
Según una fuente judicial consultada, hasta ahora no se encontraron vínculos entre Boveri, Lanusse y las muertes de Bentancourt y Zalazar. Durante el allanamiento se incautó el teléfono del anestesista; el resultado de la pericia sobre ese dispositivo será clave para esclarecer eventuales conexiones.
El caso plantea interrogantes sobre la magnitud real del consumo de propofol y fentanilo en Argentina: cuántas personas consumen estas sustancias, qué alcance tiene ese consumo y si el propofol forma parte, de manera significativa, del panorama de las drogas en el país.
El “enfermero cero” y el mercado negro
En la Ciudad de Buenos Aires, el Servicio de Toxicología del Hospital Fernández suele ser la referencia para los casos de dependencia y abuso de drogas; muchos sucesos relacionados con adicciones terminan, de alguna manera, pasando por ese hospital.
Una historia del propio servicio ayuda a comprender el mapa actual. Carlos Damín, jefe del Servicio de Toxicología y director del Hospital Fernández, es considerado uno de los mayores especialistas en adicciones del país.
-Doctor Damín, ¿cuántos usuarios de propofol detectó el Servicio en la última década?
-Uno sólo. Y era un enfermero.
Ese enfermero, un profesional porteño de clase media de poco más de 30 años, llegó al Fernández alrededor de 2016 con un problema de consumo de fentanilo. En su seguimiento reconoció haber usado propofol en al menos dos ocasiones y completó con éxito un tratamiento.
El Servicio de Toxicología contó en su momento con un espacio para tratar adicciones a opioides, con pocos pacientes. Irónicamente, dos años después un enfermero del Fernández, identificado como Rubén, fue imputado y procesado por el robo de siete ampollas de fentanilo.
En 2019 se abrió otra causa en la Justicia federal, impulsada por la fiscal Paloma Ochoa, por el robo de más de 400 ampollas de propofol del Hospital Churruca. Esas sustracciones alimentan hipótesis sobre un mercado negro que suministraría anestésicos a lugares donde se usan sin controles formales: centros estéticos con documentación irregular, prácticas abortivas clandestinas u otras actividades que requieren fármacos anestésicos fuera de la legalidad.
El conde y el nazi porteño
Propofol y fentanilo, aunque suelen coexistir en el inventario de anestesia, son sustancias distintas: “El propofol es un hipnótico; el fentanilo, un opiáceo”, explica el médico Damín. El propofol induce la pérdida de conciencia; el fentanilo es un analgésico potentemente opioide. Por ello, la probabilidad de dependencia es mayor con fentanilo que con propofol. A fines de 2025, el Hospital Fernández no registraba pacientes en tratamiento por consumo de fentanilo ni por propofol.
Los perfiles de quienes han consumido anestésicos inyectables han sido, según expertos, reducidos y heterogéneos: en general hombres con capacidad para pagar a un farmacéutico corrupto o profesionales de la salud con acceso a esos fármacos.
En los registros judiciales figura al menos un caso local de posible adicción al fentanilo: un técnico en computación con antecedentes vinculados a un grupo neonazi porteño, condenado en 2015 por un homicidio en la ciudad. Testigos señalaron que se inyectaba varias veces al día; él mismo lo reconoció y dijo que había consumido la droga la mañana del delito. No declaró con precisión cómo la conseguía.
En otra época, el conde Federico Zichy-Thyssen, una de las fortunas más notables de la historia argentina, fallecido en 2014, consumía meperidina (comercializada como Demerol) en dosis frecuentes —según los especialistas que lo trataron, varias veces al día— tras un accidente en la Costa Azul. Su entorno llegó a sospechar que traía la sustancia desde Paraguay en vuelos privados.
Mientras tanto, las “propofest” siguen formando parte de la imaginación pública: si efectivamente ocurrieron o no, y en qué magnitud, puede surgir en la investigación si de las pericias sobre el teléfono del anestesista Boveri surgen pruebas que lo confirmen.
