Formalizar el empleo en el Perú no es solo una exigencia política, sino una prioridad para mejorar la calidad de vida. Con más del 70 % de trabajo informal, las promesas de “más empleos dignos” requieren propuestas serias y verificables, no solo eslóganes.
¿Los partidos realmente conocen cómo formalizar el mercado laboral o están cumpliendo un requisito ante el Jurado Nacional de Elecciones?
Un informe de la organización Horizonte Laboral muestra la insuficiencia de los programas presentados: de 655 propuestas, apenas 15 (2,3 %) tienen el detalle necesario para considerarse completas. La mayoría no trata las causas estructurales del problema ni explica cómo se implementarán los cambios necesarios para lograr empleo formal, estable y productivo.
Resulta preocupante que pocos planes aborden a fondo temas clave como la rigidez laboral, la proliferación de contratos temporales, la reorientación de la fiscalización, el desajuste entre oferta y demanda de trabajo o el empleo juvenil. Frecuentemente se evitan estos asuntos por considerarlos políticamente sensibles, optando por propuestas de bajo costo electoral.
Por eso el eje del “emprendimiento” domina la campaña con 216 propuestas. Se promete crear empresas como si la formalización dependiera solo de trámites. Entre 2007 y la fecha se constituyeron 2,6 millones de empresas formales, pero el 55,4 % ya cerró: muchas eran emprendimientos de subsistencia que surgieron ante la falta de empleo remunerado. Solo uno de cada tres alcanza la primera década de vida. Simplificar la formalización con “licencias exprés” sin planes para la sostenibilidad empresarial es insuficiente; la inestabilidad de las empresas alimenta la inestabilidad laboral. Se necesita una alianza público-privada para fortalecer de forma sostenible los sectores más dinámicos.
El sistema educativo tampoco está alineado con la realidad laboral. El 87 % de las empresas reporta dificultades para encontrar mano de obra calificada, y seis de cada diez empleos requieren formación técnica más que universitaria. Como resultado, el 60 % de los peruanos trabaja en ocupaciones distintas a lo que estudió. La educación cumplirá su función si se vincula con el desarrollo productivo, pero los planes siguen priorizando la expansión universitaria sin ofrecer alternativas técnicas conectadas a la productividad.
La protección social —salud y pensiones— aparece en planes de izquierda, centro y derecha, lo cual es positivo. Sin embargo, casi la mitad de las propuestas es ambigua o incierta respecto a costos y sostenibilidad. Esa ambigüedad permite prometer beneficios sin explicar quién los financiará ni cómo se mantendrán en un país con alta informalidad.
La calidad de un plan de gobierno es una forma de medir el respeto hacia la ciudadanía. Un plan que no explica el cómo se limita a una lista de deseos. El rigor técnico debería ser la verdadera medida del compromiso para resolver los problemas.
Ese silencio deliberado sobre detalles críticos es una señal de que podríamos seguir viendo más de lo mismo en materia laboral. Conviene esperar propuestas concretas y factibles antes de confiar en soluciones superficiales.
