El exministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Juan Santos Cruz, fue condenado a 10 años de prisión en el marco del llamado “caso coimas”, mientras que el exviceministro de Agua Potable, Carmelo Valda Duarte, recibió una pena de seis años, según la resolución del Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción de La Paz.
El proceso se inició tras una denuncia presentada el 8 de abril de 2023 sobre una presunta estructura de cobros ilegales para favorecer adjudicaciones de obras en ese ministerio. Las pesquisas atribuyeron responsabilidad penal también a cinco exfuncionarios vinculados a la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025).
Además de las penas de prisión, la sentencia establece la inhabilitación para ocupar cargos públicos una vez que la condena sea ejecutoriada. El tribunal ordenó además avanzar en la identificación y posible decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita.
Según los antecedentes del caso, el esquema investigado habría causado un perjuicio económico al Estado superior a 19 millones de bolivianos, equivalentes a unos 2,7 millones de dólares al tipo de cambio de entonces. Las autoridades sostienen que se exigieron pagos irregulares a empresas interesadas en contratos públicos, lo que configuraría una red de corrupción dentro del ministerio.
El fallo se conoce tras casi tres años de proceso, periodo en el que el exministro Cruz estuvo detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, en La Paz, donde también se encuentra recluido el expresidente Arce, señalado en otra causa por una exfuncionaria que lo acusa de haberla abandonado estando embarazada de un hijo en común.
Arce, preso desde el 12 de diciembre, enfrenta además una investigación por el presunto manejo irregular de recursos destinados a proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) que no se concretaron o quedaron incompletos. Desde la cárcel publicó la semana pasada una carta en la que se declara inocente y se presenta como “perseguido político” del gobierno de Rodrigo Paz.
Con la condena contra Cruz suman cuatro exministros de la gestión de Arce que han sido detenidos. En enero fue aprehendido el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, acusado de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en la construcción de un tramo de la carretera Cochabamba–Santa Cruz.
Días después fueron detenidos los exministros de Desarrollo Productivo Zenón Mamani y Néstor Huanca por una denuncia de conducta antieconómica vinculada a la distribución de harina subvencionada a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). El exgerente de Emapa, Franklin Flores, también está detenido y es señalado por la supuesta dirección irregular de una planta industrializadora de papa que funcionó sólo unas semanas.
Otras autoridades del anterior gobierno enfrentan procesos, como el exdirector de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, declarado en rebeldía y prófugo. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que las detenciones responden a una política estatal de “lucha contra la corrupción” y son parte de un mandato presidencial para promover la transparencia.
