La contundente victoria de Péter Magyar en Hungría marcó el fin de la etapa política de Viktor Orbán, cuya orientación autoritaria había erosionado progresivamente las bases de la democracia liberal establecida por la sociedad húngara tras el colapso de la Unión Soviética. Este avance democrático tiene raíces históricas en octubre de 1956, cuando el rechazo popular a la sovietización se manifestó en protestas masivas que llevaron al primer ministro Imre Nagy a abolir el sistema unipartidista, exigir la retirada de las tropas soviéticas y declarar la neutralidad frente al conflicto Este-Oeste; en noviembre de ese mismo año, la Unión Soviética intervino militarmente y reocupó el país.
Tras la caída de la Unión Soviética, Hungría retomó el camino hacia el ideal democrático truncado en 1956. Entre 1989 y 2010 se sentaron las bases de una democracia liberal: elecciones libres, estado de derecho y libertades civiles, además de integrarse en la OTAN en 1999 y en la Unión Europea en 2000, lo que reforzó su consolidación democrática. A partir de 2010, con la elección de Viktor Orbán como primer ministro, se observó un retroceso democrático. El partido Fidesz logró una supermayoría que facilitó reformas institucionales que, según críticos, debilitaron la independencia judicial, aumentaron la supervisión estatal sobre medios de comunicación y modificaron reglas electorales en favor de los gobernantes. En conjunto, Hungría derivó hacia un régimen híbrido o “iliberal” que, aunque mantiene elecciones, ha minado controles y equilibrios característicos de las democracias liberales.
En las elecciones recientes, la ciudadanía optó por una alternativa de centro-derecha que promete un mayor alineamiento con la Unión Europea y un distanciamiento respecto de Rusia, cuya política exterior había acercado a Hungría a posturas críticas con la UE en relación con la guerra en Ucrania. La salida de Orbán del poder fue ampliamente valorada en muchos países europeos.
En América Latina también se ha observado una contracción democrática. La frustración frente a la ineficiencia y la corrupción ha llevado a sectores de la población a respaldar líderes autoritarios que se presentan como contrarios al Foro de São Paulo, sin reparar en que algunos de esos actores buscan debilitar libertades fundamentales —como la de expresión y asociación— y las instituciones que limitan el poder del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esta dinámica recuerda la observación de la embajadora Jeanne Kirkpatrick sobre la región: en ocasiones, las adscripciones ideológicas no impidieron que tanto regímenes totalitarios como autoritarios socavaran las libertades básicas.
Persiste, además, una lógica de identidad tribal más que ciudadana: se tolera la corrupción si la economía crece, el control de los medios si se permiten actividades recreativas, o la represión si las víctimas son percibidas como ajenas. Esa actitud contribuye a la fragilidad institucional.
Como consecuencia, muchas democracias son más bien formales y no resisten crisis económicas o políticas. Las democracias sólidas se construyen de manera gradual y colectiva, como lo demostraron sociedades de Europa central y oriental: organizaciones de la sociedad civil que fortalecen municipios y provincias y luego sostienen un poder central limitado. El equilibrio entre autoridades locales y las ramas del Estado —ejecutivo, legislativo y judicial— es esencial para la estabilidad democrática. Por esa razón, una parte importante de la sociedad húngara rechazó a Orbán cuando sus medidas amenazaron esos equilibrios y apuntaron hacia fórmulas más autoritarias con afinidades hacia Rusia.
