La Cámara de Diputados de Salta aprobó una reforma electoral que modifica el sistema de votación para legisladores e intendentes, consolidando el funcionamiento por frentes y generando un fuerte debate político en la provincia.
La iniciativa fue rechazada por los nueve legisladores de La Libertad Avanza, por Soledad Farfán (UCR) y por José Gauffín, del Bloque de la Reconquista. El proyecto ahora se remitirá al Senado provincial, donde el oficialismo intentará convertirlo en ley.
La reforma establece que, en las categorías de legisladores e intendentes (excepto gobernador), los votos de las distintas listas que integran un mismo frente se sumarán para determinar al espacio más votado. Permite que cada frente presente hasta cuatro listas, elimina los pisos mínimos de votos para acceder a la distribución de cargos y mantiene el sistema D’Hondt para asignación de escaños.
Además, incorpora requisitos como la realización de narcotests obligatorios para candidatos y fija nuevos plazos para la presentación de listas. Sus promotores sostienen que busca ampliar la participación, ordenar la competencia tras la eliminación de las PASO y mejorar la transparencia y la idoneidad de los postulantes.
El diputado Gustavo Dantur señaló que la reforma “permitirá mayor claridad sobre las posturas políticas” y llamó a no subestimar al electorado. Rechazó las comparaciones directas con la Ley de Lemas, al sostener que el nuevo esquema debe entenderse como una expresión de identidad política y como un mecanismo para fortalecer la representación y reducir decisiones discrecionales en la selección de candidatos.
La diputada oficialista Socorro Villamayor afirmó que la norma “ordena la legislación después de los cambios de las PASO y amplía la participación ciudadana”. Explicó que el sistema unifica en un solo acto la instancia interna y la general, evita la “selección a dedo” y limita la cantidad de listas por frente y por partido para facilitar la comprensión del electorado.
El proyecto deberá discutirse en el Senado en un contexto de polarización política que anticipa un debate intenso. Mientras el oficialismo lo presenta como una actualización necesaria, la oposición lo califica de retroceso institucional y advierte que podría favorecer al poder de turno al introducir una variante similar a la Ley de Lemas.
Qué dijo la oposición
Soledad Farfán (UCR) sostuvo que el texto “no fortalece el sistema electoral”: según dijo, concentra decisiones en las cúpulas partidarias, debilita la participación ciudadana y carece de un debate amplio con especialistas y organizaciones. Advirtió que el nuevo esquema podría distorsionar la representación y retroceder en materia de transparencia y competitividad electoral.
José Gauffín, del Partido de la Reconquista, advirtió que, sin acuerdos amplios, la reforma puede imponerse de manera unilateral. Citó al gobernador Gustavo Sáenz y manifestó preocupación por el costo socioeconómico de la medida, señalando que su implementación podría agravar la pobreza y exigir un gasto significativo.
Guillermo Durand Cornejo denunció irregularidades en el tratamiento del proyecto y lamentó la falta de consulta a los partidos políticos. Señaló que una ley electoral debe garantizar la confianza ciudadana y recordó los antecedentes de la Ley de Lemas, derogada en 2002, advirtiendo sobre los riesgos de reinstaurar mecanismos que en su opinión distorsionan la voluntad popular.
Franco Lastra, de La Libertad Avanza, calificó la reforma como “anticonstitucional” y opuesta a la transparencia, y la consideró un intento de recuperar un sistema similar al de lemas. Puso en duda la fortaleza electoral del gobierno provincial y sostuvo que la reforma busca condicionar resultados electorales futuros.
María Elena Dadis, también de La Libertad Avanza, criticó la falta de coherencia en el tratamiento legislativo: dijo que muchas iniciativas de su bancada no llegan a comisión mientras esta reforma avanza con rapidez. Cuestionó además el uso del voto electrónico en la provincia y afirmó que la urgencia responde a tiempos políticos del oficialismo, lo que impide un debate plural y amplio.
