La Oficina Anticorrupción (OA) prorrogó hasta el 31 de julio la fecha para la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, dos meses más que el plazo originalmente establecido. La medida fue formalizada mediante la Resolución 3/2026 y se adopta en un contexto político afectado por denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Desde la OA, a cargo de Gabriela Carmen Zangaro, explicaron que la extensión busca alinear los plazos de presentación patrimonial con los vencimientos fiscales determinados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en particular con los relacionados a los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.
El organismo sostuvo que la prórroga pretende garantizar que los funcionarios dispongan del tiempo suficiente para completar de manera correcta la Declaración Jurada Patrimonial Integral, exigida por la Ley 25.188.
La OA recordó que estas declaraciones deben presentarse en tres momentos: al asumir la función pública, de forma anual y al momento de dejar el cargo, como parte de los mecanismos de transparencia y control del patrimonio de los funcionarios.
La resolución se conoció en paralelo con denuncias que involucran a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y por supuestas irregularidades en la declaración de bienes, lo que añade tensión política al asunto.
En ese marco, también se informó que una de las causas judiciales vinculadas al entorno del funcionario fue archivada por el juez Daniel Rafecas, luego de un dictamen de la fiscal Alejandra Mangano que concluyó la ausencia de delito.
Según la resolución judicial, el hecho investigado —relacionado con un viaje en comitiva oficial— no implicó gastos adicionales para el Estado ni constituyó una irregularidad, dado que existía disponibilidad de la aeronave utilizada.
Así, mientras la prórroga administrativa pretende ordenar los plazos de presentación patrimonial, el panorama político y judicial alrededor de funcionarios del Gobierno sigue abierto y bajo seguimiento.
