La histórica institución Cottolengo Don Orione, ubicada en Claypole, atraviesa una grave crisis financiera que pone en riesgo la continuidad de sus servicios y el sustento de su personal. En una reunión de urgencia con el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, las autoridades del Cottolengo explicaron que la situación se debe, en gran medida, a ajustes aplicados por el Gobierno Nacional en las áreas de Salud y Discapacidad, que han dejado a la entidad en un “complejo panorama”.
Desde la institución detallaron tres factores críticos que explican la asfixia económica: atrasos en los pagos (incluyendo deudas por prestaciones de salud, pagos de PAMI y pensiones no contributivas), falta de insumos que ha interrumpido la provisión de medicación esencial, y un desfasaje arancelario por el cual los montos vigentes no alcanzan a cubrir los costos operativos frente a la inflación. Esa combinación ha generado dificultades para afrontar gastos básicos, entre ellos el pago de salarios.
La conducción del Cottolengo, encabezada por el hermano Jorge Silanes y el director médico, Dr. Jorge Palmieri, advirtió que la crisis trasciende lo puramente económico y afecta la atención diaria de cientos de residentes. Señalaron la necesidad de visibilizar la problemática para poder articular soluciones urgentes, y alertaron sobre el estado crítico que atraviesan varias entidades que asisten a personas con discapacidad amparadas por la ley 24.901.
Ante ese escenario, el municipio se comprometió a intervenir. Cascallares, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y la secretaria de Desarrollo Social, Bárbara Miñán, se comprometió a buscar vías de acompañamiento para evitar el cese de actividades. El jefe comunal subrayó la importancia de un trabajo mancomunado entre nivel local y nacional para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y preservar los servicios esenciales que ofrece la institución.
Para dimensionar el alcance del Cottolengo: el predio de Claypole alberga a unas 400 personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad que reciben atención y vivienda permanente; 100 alumnos asisten a su Escuela Especial; 30 concurrentes forman parte del Centro Educativo Terapéutico; y un amplio equipo interdisciplinario —centenares de profesionales, religiosos y voluntarios— depende de la estabilidad de la entidad.
La reunión, en la que también participaron los directivos Marcelo Bezeck y Fernando Montero, concluyó con un llamado a las autoridades nacionales para regularizar los fondos de manera urgente y proteger a una de las instituciones más emblemáticas de la región.
