Entre 2022 y 2024 desaparecieron del circuito legal más de 2.000 armas, que según las investigaciones habrían sido desviadas al mercado negro para abastecer arsenales de grupos criminales a nivel nacional e internacional.
La causa por tráfico de armas, que ahora está a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay, se inició el 26 de julio de 2024, cuando la entonces Agencia Nacional de Materiales Controlados (actualmente RENAR) presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, dirigida por Santiago Marquevich. A partir de esa denuncia se abrió una investigación preliminar en conjunto con el Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
El 27 de abril se realizaron 140 allanamientos en distintos puntos del país, desde Tucumán hasta Tierra del Fuego. Los investigadores constataron que 742 armas compradas en armerías con credenciales de usuario legítimo no estaban en los domicilios registrados. Además detectaron otras 1.526 armas vinculadas fuera de ese circuito, lo que suma un total de 2.269 armas en condición de “perdidas” o “extraviadas”, es decir, cuyo paradero se desconoce.
La mayor parte son pistolas semiautomáticas de diversas marcas y calibres, entre ellas Bersa, Glock y Taurus, con predominio de calibres 9 mm, .45 y .22. Las autoridades sospechan que muchas de estas armas podrían haber pasado a manos de organizaciones narcocriminales en Paraguay y Uruguay.
En el expediente aparece además una conversación telefónica que sugiere uno de los destinos del armamento: Uruguay.
En un audio al que tuvo acceso este medio, uno de los detenidos en el operativo bautizado “armas sin fronteras” describe la operatoria de la organización criminal, que habría utilizado testaferros y gestores para facilitar las maniobras.
“Se me cortó lo que yo estaba haciendo. Yo estaba comprando y vendiendo armas y era un número, una plata me llevaba, trescientos por semana me llevaba… Y se cortó hace… desde que subió este peluquín hijo de mil putas, se me cortó. Hace unos ocho meses que no meto un laburo de esos”, relata el hombre señalado como uno de los prestanombres de la banda.
“¿Armas?”, pregunta su interlocutor. “Sí, armas, legal”, responde el imputado. “¿A quién se la vendés?”, indaga el otro. “Yo no hago nada más que comprarlas. Así como las compro, se las llevan. Ahí mismo en el auto me pagan, pim, pam y a otra cosa. Se encarga otro de venderlas. Yo no las veo más, ¿viste? Porque las liman. Le sacan el número, todo, las liman y las mandan para Uruguay”, explica el involucrado.
“Y por cada arma me dan ciento cincuenta. Y vos, si pudieras caminar, también te llevás 150 por cada una”, agrega. “Y, ¿viste? Por eso yo… la gente decía que yo estaba rico. Mentí. Era un cuento que yo hacía”, se ríe.
La intervención telefónica a uno de los integrantes de la asociación ilícita permitió reconstruir la metodología: adquisición de armas en el circuito legal, supresión de la numeración identificatoria y envío posterior al exterior, a cambio de pagos por cada unidad comercializada.
Chile
Paralelamente, la investigación detectó vínculos internacionales entre armas registradas en Argentina y procedimientos policiales realizados en Chile.
Se identificaron cuatro armas —tres Bersa y una Glock— registradas a nombre de usuarios argentinos, Julio Zenón Ruíz y José Víctor Ávila, ambos de 70 años, que fueron incautadas en diferentes operativos en Chile en el marco de investigaciones por delitos graves, entre ellos homicidios y infracciones a la ley de estupefacientes.
Estas coincidencias surgieron al cotejar las numeraciones identificatorias del armamento, y se constató que los titulares registrales en Argentina no habían denunciado el robo o extravío de esas armas, lo que refuerza la hipótesis de su circulación irregular fuera del país.
