—Buenas tardes, Iván. ¿Me escuchás?
—Hola, sí.
—Hola, te habla el subteniente a cargo de la DDI de San Justo. Te aviso el motivo de la llamada: en aproximadamente cinco minutos la madre de una menor va a radicar una denuncia en tu contra. Dice que vos estuviste manteniendo conversaciones con su hija menor de edad, lo cual te compromete.
Así comenzaba la extorsión a otra víctima de la banda vinculada al suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos, que se quitó la vida tras sentirse presionado por esa organización delictiva que operaba desde la cárcel.
En un audio se oyen moduladores policiales de fondo y un discurso acelerado diseñado para intimidar. El preso Tomás Francavill, identificado como jefe de la banda y que se hacía pasar por subteniente tras usurpar la identidad de un oficial porteño, amedrentaba a la víctima con expresiones como “detención de cumplimiento efectivo”, “te acusan de pedofilia” y referencias a “grooming”, mencionando que el supuesto delito se cometió por redes sociales y aplicaciones como Evermatch y WhatsApp.
En el registro, tras la explicación del falso policía sobre las pruebas en contra de Iván, la víctima respondió que la joven le había dicho que era mayor de edad. El extorsionador elevó la presión: “Las pruebas son contundentes… Mirá, sabé que si me estoy comunicando con vos es para ver si te puedo dar una mano en esto, ¿viste?”.
A partir de ese momento el discurso cambia: primero describe un panorama adverso y luego ofrece una salida —por un precio— para evitar consecuencias que en realidad no existen, una táctica típica de estafas virtuales.
El extorsionador prometía que “arreglaría” la situación: enviar a la madre a la casa, “romper actas” y “hacer como que no pasa nada”, y justificaba la solución con frases del tipo “una mano lava la otra”. Preguntó en varias ocasiones “¿Cuánto vale tu libertad, Iván?” mientras la víctima comenzaba a desconectarse de la conversación.
El agresor insistía, alternando la ira y la conciliación para no darle tiempo al interlocutor de razonar. Repetía que “tu libertad y tu reputación están en mis manos” y le preguntó cuánto dinero tenía disponible en cuentas y billeteras virtuales; la respuesta fue 27 mil pesos. El extorsionador aceptó y facilitó el alias de su “secretaria”, pidiendo luego el comprobante de la transferencia.
Iván cortó la comunicación, pero el soldado Gómez no logró evitar la trampa. La investigación sobre su muerte se inició cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó a la División Homicidios de la Policía Federal que esclareciera las circunstancias del caso.
Gómez dejó una nota y su teléfono celular resultó determinante. A partir de esos elementos se identificó la participación de la banda de Francavill, condenado y alojado en el penal de Magdalena, en los hechos relacionados con su muerte.
Recientemente, la División Homicidios dio por concluida la investigación y realizó siete allanamientos en la zona oeste del conurbano bonaerense y en los penales de Magdalena y Olmos. Como resultado, fueron detenidos siete sospechosos, entre ellos Francavill y otros dos internos de la Unidad N°36.
