Desde su presentación, la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei se planteó como una intervención profunda en el sistema político argentino. Su eje fue la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero la iniciativa choca con un obstáculo concreto: no existen votos parlamentarios suficientes para aprobarla, en un contexto de presión de gobernadores y con negociaciones aún abiertas con el PRO.
En el oficialismo admiten que en el corto plazo no hay mayoría para suprimir las PASO. Fuentes consultadas indican que la falta de consenso trasciende a la oposición peronista e incluye sectores dialoguistas y espacios que consideran a las primarias esenciales para ordenar la competencia electoral. Desde La Libertad Avanza señalaron que la anulación “no parece ser lo mayoritario” y que podrían evaluarse alternativas, por ejemplo que las primarias dejen de ser obligatorias.
Ante la imposibilidad de contar por ahora con los votos necesarios, el Gobierno analiza opciones intermedias como modificar el carácter obligatorio de las PASO, buscando una reforma que sea políticamente viable y que permita avanzar en algún tipo de cambio al sistema de competencia.
Las PASO funcionan además como mecanismo para canalizar internas, ordenar liderazgos y evitar fracturas partidarias, lo que incide en la configuración política hacia 2027. Su eliminación alteraría equilibrios internos y los incentivos de participación, por lo que la discusión dejó de ser binaria y pasó a centrarse en qué modificaciones podrían prosperar en el Congreso.
Con el Parlamento en contra, el oficialismo empezó a explorar transformaciones menos radicales, como convertir las PASO en optativas, que reduciría su capacidad para ordenar la política pero constituiría una salida para destrabar el debate. Desde el Gobierno indican que esta semana se definirán los puntos centrales del tratamiento parlamentario de la reforma electoral.
Al argumento político se suma el económico: la Casa Rosada sostiene que las PASO implican el mayor costo del proceso electoral, estimado en más de 30.000 millones de pesos cubiertos con recursos fiscales, un gasto que consideran difícil de justificar en un marco de ajuste y restricciones presupuestarias.
El cuestionamiento al costo forma parte del núcleo del planteo oficial: más allá de rediseñar la competencia, la modificación o eliminación del sistema busca aliviar la carga fiscal. Ese argumento se usa en la negociación con gobernadores y legisladores, en un escenario donde cada peso del presupuesto está bajo revisión.
El costo político y fiscal de la reforma electoral
La dificultad para avanzar con la reforma está estrechamente ligada al contexto fiscal. Los gobernadores sufren caída de la recaudación propia y menor nivel de transferencias nacionales, lo que redefine prioridades y condiciona cualquier negociación legislativa. En la práctica, la discusión electoral se subordin a la disponibilidad de recursos.
Ese condicionamiento es uno de los principales obstáculos para la Casa Rosada, que ve cómo la reforma compite con una agenda económica urgente y pierde fuerza como moneda de negociación. En respuesta, el oficialismo reconfiguró sus interlocutores, destacando a Patricia Bullrich como figura central en la articulación política y en la búsqueda de acuerdos con senadores provinciales.
El rol de Bullrich excede lo estrictamente legislativo. Dentro de La Libertad Avanza, con el apoyo de Karina Milei, se empieza a plantear su proyección electoral en la Ciudad de Buenos Aires, principal bastión del PRO y espacio clave para definir la relación —de cooperación o competencia— entre ambos espacios.
La negociación se produce en dos niveles: legislativo y electoral. En la Legislatura porteña, el oficialismo nacional acordó con la gestión de Jorge Macri no bloquear modificaciones presupuestarias a cambio de avanzar con incentivos para grandes inversiones (RIGI) y una versión para pymes (RIMI). Ese pacto ilustra la disposición del Gobierno a no obstaculizar la gestión local mientras busca imponer su agenda económica.
La mayor tensión está en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo necesita articular una coalición competitiva contra Axel Kicillof. Allí destaca la figura de Diego Santilli, que combina gestión y tarea política; en los próximos días prevé encuentros con gobernadores y con dirigentes del PRO para fortalecer una red de aliados que facilite las negociaciones en el Congreso.
Santilli promueve la unidad de sectores con una agenda liberal para competir con el kirchnerismo, pero esa estrategia choca con la resistencia del PRO, que busca preservar su identidad y autonomía de decisión. El principal punto de fricción sigue siendo el mecanismo de las PASO: para dirigentes del PRO son indispensables para ordenar candidaturas; para el Gobierno representan un costo fiscal y una potencial fuente de competencia interna que puede debilitar su proyecto.
Ficha Limpia, alianzas y el futuro de las PASO
En paralelo, la inclusión de la normativa conocida como Ficha Limpia en el paquete de reforma introduce un elemento con consenso más amplio. A diferencia de las PASO, este punto goza de aceptación transversal y se plantea tratarlo por separado para no complicar la discusión general.
Frente a este panorama, el Gobierno flexibiliza su estrategia: la prioridad sigue siendo cambiar el sistema de primarias, pero el camino se vuelve menos directo y más negociado. Gobernadores, el PRO, La Libertad Avanza y el oficialismo nacional defienden intereses distintos—recursos, autonomía partidaria, expansión territorial y resultados legislativos—y eso condiciona cualquier avance.
La reforma electoral queda, por tanto, en el centro de un equilibrio complejo entre actores con objetivos divergentes. No se trata solo de una norma técnica, sino de una negociación política amplia que exigirá concesiones y ajustes.
En definitiva, la eliminación total de las PASO perdió factibilidad y la discusión se orienta ahora a alternativas más moderadas, donde lo posible prima sobre lo deseable.
