Washington intensificó este jueves su presión económica sobre Irán con una doble medida: el Departamento de Estado ofreció hasta 15 millones de dólares por información que permita desarticular los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Islámica, y el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra redes vinculadas a ventas de petróleo de carácter militar iraní.
Las acciones se adoptaron el mismo día en que Estados Unidos aseguró haber alcanzado un preacuerdo con Teherán para desbloquear el estrecho de Ormuz y prorrogar el alto el fuego, versión que las autoridades iraníes negaron oficialmente.
La recompensa busca datos sobre los esquemas financieros de la Guardia Revolucionaria y la identificación de empresas fachada que operan en su nombre. Simultáneamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso medidas complementarias contra ventas de crudo militar iraní, alegando que esos ingresos financian la reconstrucción de las fuerzas armadas de la República Islámica y suponen una amenaza para Estados Unidos y sus aliados regionales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Washington seguirá aumentando la presión económica sobre las exportaciones petroleras iraníes para evitar que Teherán obtenga recursos destinados a fortalecer su capacidad militar. Las sanciones se aplicaron bajo la Orden Ejecutiva 13224, la misma base legal utilizada para designar a la Guardia Revolucionaria en octubre de 2017.
El Tesoro también designó a la llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, un organismo vinculado a la Guardia Revolucionaria que Washington describió como un mecanismo de extorsión contra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Bessent calificó esta medida como el último intento del ejército iraní de presionar al comercio marítimo mundial y afirmó que refleja la desesperación financiera originada por la campaña de sanciones denominada Economic Fury.
Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero —cuando, según el texto, fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron Irán— el Tesoro ha aplicado sucesivas rondas de sanciones. Entre febrero y mayo, Washington sancionó a más de 30 personas, entidades y buques acusados de facilitar exportaciones ilícitas de crudo y de apoyar programas de misiles y drones. En abril, la administración Trump impuso restricciones a 35 individuos y compañías señalados de operar un sistema bancario paralelo para mover miles de millones procedentes de ventas petroleras ilegales.
La ofensiva económica se produjo en un contexto de negociaciones diplomáticas aceleradas. El gobierno de Estados Unidos confirmó que sus equipos negociadores alcanzaron un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial— y para prorrogar el alto el fuego durante 60 días adicionales. Según Axios, ese entendimiento requeriría la aprobación final del presidente Donald Trump y estipularía que la navegación por el estrecho sería sin restricciones ni peajes.
Las autoridades iraníes rechazaron esa versión y fuentes del gobierno de Teherán desmintieron la existencia del preacuerdo, lo que pone de relieve la fragilidad del proceso diplomático. Las negociaciones, mediadas por Pakistán y Qatar, se intensificaron la última semana, aunque Teherán rebajó sistemáticamente las expectativas de un acuerdo inmediato. Trump advirtió el miércoles que no estaba satisfecho con las propuestas iraníes y no descartó retomar operaciones militares si el diálogo fracasa.
La estrategia de la administración estadounidense combina, por tanto, el mantenimiento del cerco financiero sobre Teherán con intentos de negociación para evitar la reanudación de los combates. El desenlace dependerá de si el presidente Trump respalda o rechaza el preacuerdo alcanzado por sus negociadores.
