El defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, informó que solicitó a su homóloga rusa, Tatiana Moskalkova, información precisa sobre el paradero de cerca de cincuenta residentes de la región fronteriza de Sumy que fueron trasladados por la fuerza a territorio ruso el pasado sábado. Lubinets pidió su devolución inmediata y comunicó que también ha contactado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Las autoridades ucranianas consideran que la operación constituye una grave violación del derecho internacional humanitario por tratarse de privación ilegal de libertad y deportación forzosa de civiles.
En su mensaje, Lubinets indicó que requirió a la comisionada rusa detalles sobre las condiciones de detención de los ciudadanos ucranianos, sus necesidades urgentes y las condiciones para su retorno inmediato. Asimismo, remitió una carta formal al CICR solicitando la intervención de la organización.
El defensor instó a la comunidad internacional a llevar a cabo una evaluación legal de las acciones rusas y a emplear todos los mecanismos disponibles para detener las deportaciones ilegales de civiles ucranianos.
Según la reconstrucción de los hechos divulgada por Lubinets, las fuerzas armadas rusas detuvieron el jueves a unos cincuenta habitantes de la aldea de Grabovske (Sumy), manteniéndolos retenidos sin acceso a comunicaciones ni condiciones adecuadas, y el traslado forzoso a Rusia habría tenido lugar el sábado, según información preliminar.
La Dirección General de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que tropas rusas cruzaron la frontera cerca de Grabovske. Tras la ocupación del pueblo, alrededor de fifty civiles —principalmente personas de edad avanzada que se negaron a ser evacuadas a otras zonas de Ucrania— fueron llevados por la fuerza a Rusia. El Estado Mayor subrayó que la negativa a evacuarse no legitima las acciones militares rusas y que estos traslados violan las leyes internacionales. Por su parte, la Dirección General de Comunicaciones indicó que, ante el empeoramiento de la seguridad en Sumy, se han organizado evacuaciones en las comunidades fronterizas: más de 30.000 personas (aproximadamente el 84 % de la población de ocho comunidades) han sido evacuadas, mientras que el 16 % restante, cerca de 5.700 personas, incluidos 38 niños, ha decidido permanecer.
En un mensaje a quienes permanecen en zonas de combate, Lubinets advirtió sobre los riesgos y reiteró que la evacuación sigue siendo una medida para proteger la integridad de las personas y sus familias.
