El intendente de Morón, Lucas Ghi, no se presentó a la interpelación convocada por el Concejo Deliberante para tratar el caso de la exfuncionaria Luna Suyai Ortigoza, acusada en una causa por narcotráfico y actualmente prófuga. En su lugar asistió el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, quien defendió ante los concejales la actuación del gobierno municipal.
La sesión extraordinaria duró más de cuatro horas y recibió duras críticas desde distintos bloques que pidieron explicaciones. No obstante, el debate se desarrolló sin incidentes políticos mayores.
En su exposición inicial, Cardoso defendió las políticas de seguridad del Municipio y afirmó que la gestión mantuvo una postura activa contra el narcomenudeo. Señaló que no hubo indicios previos que permitieran presumir las conductas atribuidas a Ortigoza y que el gobierno actuó al tomar conocimiento de la situación judicial.
El funcionario enfatizó la separación entre la actuación del Ejecutivo y la investigación penal, sosteniendo que la Justicia tiene libertad para investigar y negando que el Estado interfiera en las pesquisas. Con ello intentó responder a las críticas y descartar sospechas de encubrimiento o protección política.
Cardoso añadió que toda la documentación y los elementos incautados en la investigación fueron puestos a disposición de la Justicia. Hasta ahora, dijo, no surgieron pruebas que vinculen las tareas que Ortigoza realizaba en el Municipio con los delitos investigados.
Durante la ronda de preguntas, concejales reclamaron mayores controles sobre funcionarios públicos. Desde La Libertad Avanza insistieron en reforzar mecanismos de control, y Cardoso se mostró dispuesto a debatir medidas como el seguimiento patrimonial y revisiones periódicas de antecedentes.
Respecto a la situación laboral de Ortigoza, el secretario explicó que continúa como empleada de planta permanente por las garantías administrativas previstas en la normativa vigente, aunque su salario está retenido debido a los pedidos de captura nacional e internacional.
También hubo cuestionamientos por la ausencia de Ghi y de otras funcionarias del área de Género. Varios bloques sostuvieron que el intendente debía presentarse personalmente ante el cuerpo legislativo dada la gravedad institucional del caso.
Al cierre, Cardoso informó sobre el avance de la investigación judicial: indicó que uno de los detenidos declaró haber comprado droga a Ortigoza y que el análisis de movimientos bancarios podría aportar nuevos elementos. La sesión dejó en evidencia tensiones internas en el oficialismo y el impacto institucional del episodio en la gestión de Lucas Ghi.
