El intendente de Morón, Lucas Ghi, no asistió finalmente a la interpelación aprobada por el Concejo Deliberante sobre el caso de la exfuncionaria Luna Suyai Ortigoza, acusada en una causa por narcotráfico y con pedido de captura. En su lugar concurrió el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, quien defendió ante los concejales la actuación del gobierno municipal.
La sesión extraordinaria duró más de cuatro horas y registró fuertes cuestionamientos y pedidos de explicaciones por parte de distintos bloques, aunque el debate se desarrolló sin incidentes políticos de gravedad.
En su presentación inicial, Cardoso respaldó las políticas de seguridad implementadas por el Municipio y afirmó que la gestión mantuvo una postura activa contra el narcomenudeo. Sostuvo que no hubo señales previas que permitieran sospechar las actividades atribuidas a Ortigoza y que el gobierno actuó una vez conocido el asunto judicial.
El funcionario enfatizó la separación entre la acción del Ejecutivo y la investigación penal, señalando que «este es el caso más claro de que la Justicia tiene libertad de acción para investigar y que el Estado no se mete en las investigaciones penales». Con ello buscó responder a las críticas opositoras y descartar cualquier acusación de encubrimiento político.
Cardoso también indicó que toda la documentación y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y que, hasta el momento, no surgió prueba que vincule las tareas que Ortigoza desarrollaba en el Municipio con los delitos investigados en la causa.
Durante la ronda de preguntas, desde La Libertad Avanza se reclamó reforzar los controles sobre los funcionarios públicos. Cardoso se mostró dispuesto a debatir medidas como el seguimiento de la evolución patrimonial y revisiones periódicas de antecedentes.
Sobre la situación laboral de la exfuncionaria, el secretario explicó que Ortigoza sigue siendo empleada de planta permanente por las garantías administrativas previstas por la normativa, aunque tiene retenido el salario por encontrarse con pedido de captura nacional e internacional.
También se criticó la ausencia de Ghi y de referentes del área de Género; varios bloques consideraron que el intendente debía asistir personalmente a dar explicaciones ante el cuerpo legislativo dada la gravedad institucional del asunto.
Al cierre, Cardoso detalló avances de la investigación judicial: mencionó que uno de los detenidos declaró haber comprado droga a Ortigoza y que el análisis de movimientos bancarios podría aportar nuevos elementos. La sesión dejó en evidencia tensiones políticas dentro del oficialismo local y el impacto institucional de uno de los episodios más delicados de la gestión de Lucas Ghi.
