Tras negociaciones reservadas con la CGT, el Gobierno modificó por decreto la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que había afectado el financiamiento sindical al establecer que la base para calcular las cuotas solidarias y otros aportes sería el salario básico convencional, lo que reducía potencialmente los montos acordados en los convenios colectivos.
El decreto 612/2026, firmado por Javier Milei y los ministros Diego Santilli y Sandra Pettovello, atenúa ese efecto al ampliar la base salarial: dispone que para el cálculo deben incorporarse las sumas remunerativas normales y habituales de pago mensual de origen convencional, y aclara que no integrarán la base los conceptos que no constituyan remuneraciones normales, habituales y de percepción mensual —como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y otros conceptos no abonados de forma regular.
La referencia al salario básico como base de cálculo en el decreto 407 iba en contra de lo acordado entre el sector político del Gobierno y la CGT cuando se sancionó la reforma laboral: el artículo 133 sólo establecía que las contribuciones y aportes vía convenio colectivo “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, sin especificar que debía tomarse el salario básico.
Ante ese cambio reglamentario, atribuido al entonces ministro Federico Sturzenegger y que sorprendió a la CGT, los sectores sindicales favorables al diálogo intensificaron las conversaciones con asesores presidenciales, buscando una interpretación administrativa o resolución que aclarara que el límite se aplicaba sobre las remuneraciones normales y habituales y no sobre el salario básico convencional.
Las negociaciones tomaron nuevo impulso tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete; junto a asesores como Martín y Eduardo “Lule” Menem, convencieron a Karina Milei de dictar una medida —finalmente el decreto— con el objetivo de apaciguar al movimiento sindical.
El decreto 612 también excluye del tope del 2% a los aportes y contribuciones patronales previstos en convenios colectivos destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, y establece que esos fondos deben administrarse y documentarse por separado del resto de los fondos sindicales.
Esta exclusión tiene importancia para el financiamiento sindical porque permite que ciertos aportes patronales pactados en convenios colectivos queden fuera del cómputo del tope global del 2%.
La CGT interpreta el nuevo decreto como una derrota política para Sturzenegger, quien promovía límites más estrictos sobre las cuotas solidarias y favorecía convenios por empresa y sindicatos de empresa; el cambio también coincide con una mayor disposición al diálogo del Gobierno, con Santilli como figura negociadora, en una etapa en que la administración busca asegurar la reelección de Milei en 2027.
La publicación del decreto rectificatorio se produjo además cuando la CGT estaba por retomar un plan de protesta contra el Gobierno, con una movilización al Congreso para apoyar reclamos de jubilados.
El plan cegetista, que en un momento amenazó con emular el modelo de protesta francés de 2023, se moderó y terminó en una versión más leve: se prevén movilizaciones callejeras sin medidas de fuerza sectoriales o paros rotativos extensos.
En las negociaciones por la reforma laboral, la CGT logró preservar el financiamiento sindical y el núcleo central de las convenciones colectivas, elementos centrales del modelo sindical argentino fundado en la época de Juan Domingo Perón.
Gerardo Martínez (UOCRA), líder cegetista, dijo en una entrevista con Infobae que pudieron mantener las cuotas solidarias en el proyecto y además eliminaron un artículo por el cual las empresas dejarían de actuar como agentes de retención de las cuotas de afiliados, lo que, según él, habría desarticulado la estructura sindical.
La Ley 27.802 finalmente dejó sin efecto las limitaciones adicionales que promovía Sturzenegger y fijó un tope del 2% sobre las remuneraciones de los trabajadores y del 0,5% para aportes, contribuciones y otros conceptos previstos en convenios colectivos en beneficio directo o indirecto de cámaras, asociaciones u otras personas jurídicas integradas parcialmente por representantes de empleadores.
Aun con esos topes, los dirigentes sindicales aceptaron la formulación final de la ley porque se mantienen las cuotas solidarias, que se descuentan obligatoriamente del salario de los trabajadores de cada actividad, sean o no afiliados, y financian a los sindicatos.
El decreto 407, publicado a fines de mayo, había incluido de manera sorpresiva al salario básico convencional como base de cálculo del tope del 2%, un cambio que la CGT atribuyó a Sturzenegger y que motivó las negociaciones reservadas con el Gobierno que terminaron en el decreto actual, que brinda alivio al poder sindical.
