Manifestantes bloquearon el martes las principales carreteras de Beirut y sus alrededores tras la aprobación por parte del gabinete libanés de nuevos impuestos que incrementan el costo de la gasolina y otros bienes para financiar aumentos salariales en el sector público.
El gabinete aprobó el lunes un impuesto de 300.000 libras libanesas (unos 3,30 dólares) por cada 20 litros (5,3 galones) de gasolina. El diésel quedó excluido del nuevo gravamen, dado que muchas personas dependen de él para alimentar generadores privados ante la severa escasez de electricidad estatal.
El gobierno también acordó proponer un aumento del impuesto al valor agregado sobre los bienes gravados, del 11% al 12%, medida que debe ser ratificada por el Parlamento.
Los incrementos fiscales están destinados a financiar subidas salariales y mejoras en las pensiones de empleados públicos, como compensación por la pérdida de poder adquisitivo tras el desplome de la moneda en 2019; se espera que ese ajuste represente el equivalente a seis meses adicionales de sueldo. El ministro de Información, Paul Morcos, estimó que las medidas costarán alrededor de 800 millones de dólares.
A pesar de contar con importantes reservas de oro, el Líbano enfrenta inflación persistente, problemas de liquidez y corrupción generalizada. Además, el país sufrió daños estimados en unos 11.000 millones de dólares por la guerra de 2024 entre Israel y el grupo armado Hezbollah.
Indignación por el aumento del precio del combustible
Ghayath Saadeh, integrante de un grupo de taxistas que bloqueó una vía principal hacia el centro de Beirut, afirmó que los dirigentes del país “consideran que los taxistas somos basura”.
“Todo está subiendo de precio, la comida y la bebida, y se acerca el Ramadán”, dijo Saadeh. “Bloquearemos todas las carreteras, si Dios quiere, si no nos escuchan”.
Cuando el gobierno propuso nuevos impuestos en 2019 —incluida una tarifa mensual por llamadas por internet a través de servicios como WhatsApp— estallaron protestas masivas que paralizaron el país durante meses. Los manifestantes exigieron la renuncia de los líderes por la corrupción, la parálisis institucional y las deficiencias en la infraestructura, y pidieron el fin del sistema sectario de reparto del poder.
El Líbano ha estado bajo presión internacional durante años para implementar reformas financieras, pero hasta ahora ha avanzado poco.
Se discute el plan de armas
También el lunes, el gabinete recibió un informe del ejército sobre el avance de un plan para desarmar a grupos armados no estatales en el país, incluido Hezbollah.
El mes pasado, el ejército informó de la finalización de la primera fase del plan, que abarca la zona al sur del río Litani, próxima a la frontera con Israel. La segunda fase cubrirá sectores del sur del Líbano entre los ríos Litani y Awali, incluyendo la ciudad portuaria de Sidón.
Morcos señaló tras la sesión del gabinete que la segunda etapa se estima en unos cuatro meses, aunque podría prolongarse “dependiendo de los recursos disponibles, la continuidad de los ataques israelíes y los obstáculos sobre el terreno”.
El plan de desarme se plantea después de un alto el fuego negociado por Estados Unidos que puso fin, de forma nominal, a la guerra entre Hezbollah e Israel en noviembre de 2024. Desde entonces, Israel ha acusado a Hezbollah de rearmarse y ha seguido realizando ataques casi diarios en el Líbano y ocupando varios puntos elevados en el lado libanés de la frontera.
Hezbollah sostiene que el acuerdo de alto el fuego solo exige desarmar el sur del Litani y que no negociará el desarme en el resto del país hasta que Israel detenga los ataques y se retire de todo el territorio libanés.
(con información de AP)
