La puesta en marcha del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) de Hurlingham generó un debate intenso en el distrito. La iniciativa, impulsada por el intendente Damián Selci, se presentó como un instrumento para atraer inversiones y potenciar el perfil logístico del municipio por su cercanía a corredores como el Camino del Buen Ayre, la Ruta Provincial 4 y el Acceso Oeste, pero encontró rechazo en distintos sectores vecinales.
Las críticas se centraron en el procedimiento de aprobación: vecinos y organizaciones señalaron que el trámite se aceleró en pocas semanas y denunciaron dificultades para acceder a la documentación completa del proyecto, así como la falta de información pública sobre los estudios técnicos y el mapa actualizado de usos del suelo.
La audiencia pública convocada para debatir la propuesta tampoco resolvió las objeciones. Participantes denunciaron acceso limitado a la información y una organización del debate que generó malestar. Un asistente afirmó que la audiencia “no cumplió con la normativa”, que la documentación estuvo disponible solo días antes y que el espacio para los vecinos fue reducido, con jornadas extensas y presencia de vallas y seguridad municipal.
A pesar de las críticas públicas, el nuevo código obtuvo el respaldo de una amplia mayoría en el Concejo Deliberante, con votos favorables de concejales de Unión por la Patria, el PRO, La Libertad Avanza y otros espacios políticos.
Uno de los temas más debatidos fue la expansión de áreas industriales y semiindustriales dentro del partido, en algunos casos próximas a barrios residenciales consolidados. Vecinos de sectores como Parque Quirno advirtieron que la modificación podría agravar conflictos entre actividades productivas y viviendas familiares.
En ese marco surgió el caso de la empresa petroquímica Sualier S.A., que opera en una zona urbana del municipio. Habitantes del barrio expresaron preocupación por las sustancias que manipula la firma y por la circulación de camiones de gran porte en calles internas; una vecina resumió la inquietud calificándolo como “un polvorín en nuestro barrio”.
Los cuestionamientos alcanzaron también a las políticas de control ambiental: distintos sectores sostienen que la presencia de establecimientos industriales de alta complejidad exige mayores mecanismos de supervisión por parte de los organismos competentes de la Provincia de Buenos Aires.
La discusión no se limitó a lo industrial. Otra crítica apuntó a la habilitación de desarrollos inmobiliarios de mayor escala en determinadas áreas, que según los vecinos podrían aumentar la densidad urbana y agravar problemas existentes en servicios públicos, especialmente en redes de agua, cloacas y gas.
Una estudiante universitaria expresó preocupación por el acceso habitacional: afirmó que “los edificios nuevos no son para nosotras, las nuevas generaciones; no podemos pagar ni un ambiente porque no tenemos trabajo digno. Estos edificios son para la especulación inmobiliaria, negociados para unos pocos y, además, son construcciones sin cloacas ni servicios básicos, por lo que saturan un sistema que ya funciona mal”.
En paralelo, habitantes de diversos barrios denunciaron deficiencias en el acceso al agua potable y reclamaron inversiones en infraestructura antes de permitir proyectos de mayor envergadura.
Ante este escenario se multiplicaron reuniones vecinales y espacios de debate sobre el futuro urbanístico del distrito. Los sectores críticos sostienen que el nuevo código prioriza intereses empresariales e inmobiliarios por sobre las necesidades comunitarias; desde el oficialismo, en cambio, lo defienden como una herramienta para promover inversiones, empleo y desarrollo económico.
La discusión sigue abierta y se perfila como uno de los principales ejes del debate político local. El nuevo Código Urbanístico ya está vigente, pero las objeciones de vecinos y organizaciones mantienen encendida una polémica que atraviesa cuestiones sensibles como el ambiente, el crecimiento urbano y el modelo de ciudad que tendrá Hurlingham en los próximos años.
