La oposición en la Cámara de Diputados impulsará esta semana un nuevo frente político contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al promover un debate sobre cambios a la llamada Ley de Inocencia Fiscal, iniciativa que tomó relevancia tras la adhesión del funcionario al régimen simplificado de Ganancias previsto por esa norma.
La discusión se desarrollará en una comisión parlamentaria presidida por el peronismo, donde legisladores opositores examinarán distintos proyectos destinados a acotar los beneficios del régimen para funcionarios públicos y sus familiares directos. Según sus promotores, la intención es fortalecer los mecanismos de transparencia y el control patrimonial de quienes ocupan cargos públicos.
Uno de los proyectos en análisis propone excluir expresamente del régimen simplificado a funcionarios nacionales, provinciales y municipales, así como a sus cónyuges y familiares cercanos. Sus impulsores sostienen que quienes administran recursos públicos deben estar sujetos a estándares más estrictos de rendición de cuentas.
La iniciativa parlamentaria surge en medio de la polémica por la decisión de Adorni y su esposa de acogerse al esquema simplificado de Ganancias regulado por la Ley 27.799. Aunque el uso del mecanismo es legal y accesible a los contribuyentes incluidos en la norma, sectores opositores cuestionan que altos funcionarios recurran a herramientas que, afirman, podrían disminuir el nivel de escrutinio sobre la evolución de sus patrimonios.
Desde el oficialismo argumentan que la ley fue creada para simplificar trámites tributarios y dar mayor previsibilidad a los contribuyentes, y rechazan que se trate de un instrumento para encubrir movimientos patrimoniales. También recuerdan que la adhesión al régimen no suprime las obligaciones que imponen las normas de ética pública ni las declaraciones juradas patrimoniales.
La situación de Adorni ya había motivado pedidos de informes, proyectos de interpelación y críticas de distintos bloques opositores. Con el debate sobre la Ley de Inocencia Fiscal, la controversia suma un nuevo capítulo legislativo que puede intensificar la confrontación entre el Gobierno y la oposición en el Congreso.
El tratamiento de las modificaciones propuestas podría convertirse en uno de los ejes de la discusión política en los próximos días, en un contexto donde la transparencia patrimonial y los mecanismos de control sobre los funcionarios vuelven a situarse en el centro del debate público.
